El Gobierno de México y el sector privado sellan una alianza voluntaria para vincular directamente a los productores con las grandes cadenas comerciales, combatiendo plagas y contingencias climáticas.
Un frente común entre el sector público y privado busca blindar el costo de uno de los alimentos más cruciales de la canasta básica mexicana. En la Ciudad de México, el Gobierno de México, en conjunto con comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, concretó la firma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate. El mecanismo tiene la finalidad directa de estabilizar las condiciones del mercado nacional y proteger la economía de los hogares y los agricultores.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que este convenio se rige bajo el principio de Prosperidad Compartida. El objetivo central es eliminar intermediarios innecesarios al enlazar sin desvíos a quienes cosechan con las cadenas compradoras, asegurando de esta manera ingresos dignos y condiciones comerciales justas para las familias trabajadoras del campo.
La operación técnica de esta estrategia recae en la coordinación de la Secretaría de Agricultura junto a la Secretaría de Hacienda, Profeco y FIRA, sumando el soporte de Senasica, el INIFAP y el programa Sembrando Vida. Entre las herramientas principales pactadas destaca el desarrollo de una plataforma digital de planeación. Este sistema cruzará los datos de la capacidad de producción en tiempo real con la demanda interna y las exportaciones, apoyado por un esquema obligatorio de avisos de siembra para evitar la saturación o el desabasto en el mercado.
Por su parte, la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, precisó que esta intervención regulatoria responde de manera urgente a los severos impactos que ha sufrido el sector productivo debido a heladas registradas en Estados Unidos, granizadas en los campos de cultivo mexicanos y brotes de plagas. Para garantizar la efectividad del acuerdo, la Profeco desplegará células de vigilancia comercial permanentes encargadas de monitorear los precios en los puntos de venta finales de todo el país.
El nuevo mecanismo integral de comercialización impactará positivamente a más de 12 mil productoras y productores de jitomate en el país.
El acuerdo regula una superficie superior a las 50 mil hectáreas de cultivo, las cuales generan un volumen de al menos 3.7 millones de toneladas de jitomate.
La mitad de la producción total de jitomate contemplada en las tierras del convenio está etiquetada formalmente para cumplir compromisos de exportación.
La implementación de este acuerdo voluntario y su plataforma tecnológica representan el intento definitivo del Estado por estabilizar la cadena agroalimentaria, transformando la gestión del jitomate en un modelo estratégico que busca frenar la especulación frente a los fenómenos climáticos externos.
