El Departamento de Justicia instruye de manera interna a sus 93 fiscales triplicar las acusaciones criminales por complicidad y apoyo material a los cárteles.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una directiva interna tajante para instruir a sus fiscales federales a que utilicen estatutos y leyes sobre terrorismo al establecer causas penales por narcotráfico contra funcionarios mexicanos. El anuncio formal de esta nueva línea operativa se concretó este miércoles durante una conferencia telefónica encabezada por el vicefiscal general adjunto de la Unión Americana, Aakash Singh, orientada a fijar los objetivos criminales prioritarios de las 93 oficinas regionales distribuidas en el territorio estadounidense.
La estrategia jurídica representa una escalada drástica en el programa político del gobierno del presidente Donald Trump, el cual inició el año pasado con la firma de una orden ejecutiva que cataloga formalmente a los cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas. Según las declaraciones de Singh filtradas por una fuente oficial, la meta es triplicar el número de acusaciones contra los servidores públicos de México que utilicen sus cargos gubernamentales para proveer apoyo material, conspirar o alertar a los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.
Esta determinación se suma a las tensiones transfronterizas generadas hace dos semanas por la imputación formal en Nueva York del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien actualmente se encuentra separado temporalmente de su cargo. Ante estos señalamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su inconformidad, rechazó proceder con una detención por considerar que no se han presentado las pruebas suficientes y catalogó la acción judicial estadounidense como una afrenta directa a la soberanía del país.
Pese a los reclamos del gobierno mexicano, las autoridades de la Unión Americana confirmaron que el proceso contra el mandatario sinaloense no será un hecho aislado. El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, ratificó este martes ante el Senado de Estados Unidos que los políticos coludidos son penalmente responsables de la introducción de estupefacientes y advirtió de manera explícita que la ofensiva legal contra la estructura política fronteriza apenas se encuentra en su fase inicial.
• El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos utilizando leyes de terrorismo.
• La DEA ratificó ante el Senado que la imputación de hace dos semanas contra el gobernador Rubén Rocha Moya es solo el principio.
• La estrategia se ampara en la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que designa a los cárteles como organizaciones terroristas.
La adopción de estatutos de terrorismo por parte del sistema judicial de los Estados Unidos transforma los acuerdos de cooperación bilateral y perfila un escenario de confrontación legal directa contra las estructuras de protección institucional del narcotráfico en México.
