El Poder Legislativo transformó la UTE en la Unidad de Evaluación del Desempeño y endureció las reglas de rendición de cuentas.
El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este jueves 25 de junio de 2026 una serie de reformas estructurales a la Ley de Auditoría Superior del Estado, diseñadas para endurecer el control legislativo sobre el órgano fiscalizador. Mediante la modificación de la naturaleza jurídica de la antigua Unidad Técnica de Evaluación (UTE), los diputados locales formalizaron el nacimiento de la “Unidad de Evaluación del Desempeño”, un brazo técnico auxiliar que vigilará el cumplimiento exacto de las metas institucionales de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El cambio normativo introduce una adición punitiva trascendental al artículo 27 de la legislación en la materia. A partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso del Estado contará con la facultad jurídica expresa para remover de sus funciones a la persona titular de la ASE en caso de que obtenga una evaluación del desempeño catalogada como “poco satisfactoria sin justificación” por parte de los legisladores durante dos ejercicios fiscales consecutivos. Esta modificación busca erradicar la opacidad institucional y alinear las reglas locales con los esquemas de rendición de cuentas vigentes a nivel federal.
Con el nuevo marco legal, el titular de la ASE estará obligado a comparecer cada año de forma obligatoria ante el Pleno o la Comisión de Fiscalización para un examen exhaustivo de su gestión y de las auditorías practicadas. Asimismo, deberá entregar su Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones en el mes de diciembre del año previo a su ejecución, manteniendo el informe de actividades tradicional de enero. La dirección de la nueva Unidad de Evaluación del Desempeño tendrá una vigencia de cuatro años, requiriendo el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes tras una convocatoria pública.
La reforma estipula la destitución inmediata del titular de la ASE si acumula dos evaluaciones consecutivas no satisfactorias a juicio de la Comisión de Fiscalización o del Pleno.
La Comisión de Fiscalización dispone de un plazo límite de 60 días naturales posteriores a la publicación del decreto para emitir el nuevo Reglamento Interior de la Unidad.
Los recursos materiales, financieros y la plantilla de trabajadores pertenecientes a la UTE serán transferidos íntegramente a la nueva Unidad de Evaluación, respetando sus derechos laborales vigentes.
La reconfiguración aprobada en Culiacán dota al Poder Legislativo de Sinaloa de una herramienta de control directo para remover mandos técnicos, sujetando la permanencia del auditor estatal a una estricta métrica de eficiencia.
