La legisladora local denunció el hallazgo ante la Fiscalía General del Estado y afirmó que mantendrá su postura política “al costo que sea”.
Una corona de flores fúnebres con el nombre de la diputada local del PRI, Paola Gárate, fue localizada en el acceso principal de su domicilio particular en Culiacán, durante la noche del miércoles 10 de junio. Tras el hallazgo del arreglo floral, que portaba su nombre escrito de manera explícita en la cinta de condolencias, la funcionaria pública notificó los hechos directamente a través de la línea de emergencias 911 coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública.
Al domicilio acudieron peritos y elementos de la policía de investigación pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, quienes resguardaron el perímetro para iniciar con las diligencias pertinentes y recabar los primeros indicios del caso. Gárate puntualizó que esperó el tiempo requerido por los agentes para formalizar el reporte inicial en su vivienda y confirmó su disposición para presentarse ante las instalaciones del Ministerio Público con el fin de ratificar y ampliar la declaración de los hechos.
La representante del Partido Revolucionario Institucional expuso públicamente que carece de conflictos o problemáticas de índole comercial, legal o personal con terceros, por lo que externó su desconcierto e impotencia respecto a la identidad de los autores materiales del acto. Aunque admitió el temor fundado de sus familiares cercanos ante el riesgo que representa este hecho, la legisladora sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones legislativas y la defensa de sus ideales sin modificaciones en su agenda habitual.
El arreglo fúnebre con el nombre de la legisladora priista fue abandonado en su casa la noche del miércoles 10 de junio.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa asumieron las tareas de investigación tras el reporte al 911.
Paola Gárate afirmó no sostener disputas comerciales ni personales y confirmó que comparecerá ante el Ministerio Público.
Este suceso eleva el nivel de tensión dentro del entorno político regional, obligando a las instancias de procuración de justicia a dar celeridad a las carpetas de investigación para identificar a los responsables de la intimidación.
