El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas para obligar al Ejecutivo a garantizar una vivienda digna con perspectiva de género y atención a zonas de alta marginación.
En una sesión clave realizada este 28 de julio de 2026 en Culiacán, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad un paquete de reformas y adiciones a la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa. La modificación legal establece un marco obligatorio para que el Estado priorice la entrega, financiamiento y mejoramiento de espacios habitacionales a sectores vulnerables, integrando la perspectiva de género y la no discriminación como ejes rectores.
El dictamen modifica los artículos 3, 5, 12, 25 y 30, e incorpora el artículo 54 Bis a la normativa local. Con estos cambios se define legalmente el concepto de “Grupos en situación de vulnerabilidad”, abarcando a jefas de familia de bajos ingresos, madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y miembros de pueblos indígenas y afromexicanos. Además, la ley exige al Ejecutivo estatal diseñar esquemas de financiamiento directo para estas poblaciones.
Asimismo, la nueva legislación vincula la aplicación de la política pública con los indicadores oficiales de marginación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las autoridades estatales y municipales deberán enfocar sus recursos en zonas urbanas y rurales catalogadas con alta y muy alta marginación, garantizando la participación de las propias comunidades en el desarrollo de infraestructura pública y mejoras a sus inmuebles.
Con la adición del artículo 54 Bis, el Estado asume la responsabilidad de tutelar la legítima tenencia de la tierra y vivienda decorosa para mujeres en vulnerabilidad social, blindando el derecho de las jefas de familia en los 20 municipios de la entidad.
La reforma a la Ley de Vivienda fue aprobada por unanimidad en el Congreso de Sinaloa.
El artículo 54 Bis obliga al Estado a garantizar la tenencia de vivienda a jefas de familia y personas con discapacidad.
Los programas sociales deberán asignarse según los índices de marginación determinados por el INEGI.
Las modificaciones aprobadas por los legisladores convierten la atención a la marginación en una obligación legal medible para las políticas de vivienda en Sinaloa.
