La encuesta de impacto gubernamental del Inegi devela que Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa lideran las tasas de ciudadanos víctimas de extorsión institucional.
El contacto de los ciudadanos con las ventanillas gubernamentales en México es cada vez más propenso a la ilegalidad. Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Inegi, revelan un retroceso en la integridad del servicio público: la tasa de víctimas de corrupción aumentó un 12% a nivel nacional en comparación con las mediciones de hace dos años.
Los datos estadísticos oficiales exponen que, durante el periodo de evaluación de 2025, un total de 15,642 personas por cada 100,000 habitantes sufrieron de manera directa al menos un acto de corrupción mientras intentaban gestionar un trámite ante las autoridades. Esta cifra contrasta negativamente con el registro previo de la institución, que se ubicaba en 13,966 víctimas por cada 100,000 usuarios del servicio público.
El desglose geográfico del Inegi identifica asimetrías críticas entre las diferentes regiones del país. El estado de Hidalgo se posicionó a la cabeza de la incidencia delictiva institucional con una tasa de 21,452 víctimas por cada 100,000 habitantes, seguido de cerca por el estado de Oaxaca con 20,330 casos, y Sinaloa en la tercera posición con un registro de 19,836 ciudadanos afectados. En el extremo opuesto del indicador, tres entidades federativas lograron mantenerse por debajo del promedio general, reportando las menores tasas de corrupción del territorio nacional: Colima con 6,992 casos, Nayarit con 8,915 y Zacatecas con 9,366 víctimas por cada 100,000 usuarios de trámites.
La tasa nacional de corrupción escaló a 15,642 personas afectadas por cada 100,000 habitantes en el país durante 2025.
Hidalgo registró la peor incidencia de extorsión o cohecho gubernamental con 21,452 casos reportados ante el Inegi.
Colima se consolidó como la entidad federativa con mejor desempeño institucional al registrar apenas 6,992 víctimas.
La estadística del Inegi evidencia que los esfuerzos de digitalización y simplificación administrativa no han logrado contener las prácticas ilícitas en los procesos burocráticos presenciales, incrementando el costo económico y social para los ciudadanos.
