El enojo de Andrea Benítez por no recibir mesa inmediata detonó la destitución de Humberto Benítez Treviño y cuatro funcionarios federales.
La prepotencia gubernamental alcanzó su límite en las mesas de la Ciudad de México. El chef y cofundador de Máximo Bistrot, Eduardo García, revivió los detalles de la suspensión que sufrió su establecimiento hace 13 años a manos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El operativo oficial se desencadenó tras el descontento de Andrea Benítez, identificada como la hija del entonces titular de la dependencia, Humberto Benítez Treviño, al no obtener un lugar de forma inmediata dentro del local ubicado en la colonia Roma.
El abuso de poder de la joven, apodada mediáticamente como ‘Lady Profeco’, escaló de forma instantánea. Elementos de la institución se presentaron en el local comercial para colocar sellos de suspensión. La acción arbitraria no solo golpeó al negocio fundado el 30 de noviembre de 2011 por Eduardo García y Gabriela López, sino que provocó un sismo político que terminó con la destitución fulminante de Benítez Treviño y de otros cuatro funcionarios públicos vinculados al uso indebido de los recursos institucionales.
Para los fundadores, el golpe ocurrió cuando el proyecto apenas consolidaba su presencia en la colonia Roma, un concepto que idearon tras conocerse en el restaurante Pujol del chef Enrique Olvera. García, quien enfrentó la deportación en dos ocasiones y cumplió una sentencia en prisión en los Estados Unidos antes de regresar al país, catalogó el suceso como un momento sumamente duro para el equipo de trabajo de un establecimiento que hoy ostenta una estrella Michelin.
El restaurante Máximo Bistrot fue fundado el 30 de noviembre de 2011 en la colonia Roma de la Ciudad de México por la pareja de Eduardo García y Gabriela López.
La polémica con Andrea Benítez concluyó con la destitución de Humberto Benítez Treviño, titular de la Profeco, junto a cuatro funcionarios más de la dependencia.
El incidente que provocó el despliegue de los inspectores y la posterior suspensión del establecimiento de comida ocurrió hace exactamente 13 años.
El uso del aparato estatal para berrinches personales marcó un precedente histórico en el comercio de la capital, demostrando que ni el influyentismo pudo frenar el crecimiento de un proyecto culinario que nació desde la resiliencia migrante.
