La Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de días laborados para acceder a la prestación y fija sanciones temporales diferenciadas para empresas y patrones físicos.
El proceso para el cobro de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de este año entró en su fase definitiva en México. Esta prestación de carácter constitucional, regulada de forma estricta por la Ley Federal del Trabajo (LFT), obliga a los empleadores a distribuir un porcentaje de las ganancias económicas que se generaron a lo largo del año fiscal anterior entre su personal activo y aquellos que concluyeron su relación laboral de forma reciente.
Para tener acceso legal al beneficio económico, la legislación laboral determina como requisito indispensable que tanto trabajadores vigentes como extrabajadores acumulen un periodo mínimo de 60 días laborados de forma continua o discontinua durante el ejercicio fiscal de 2025. El cumplimiento de este periodo de dos meses valida automáticamente el derecho del empleado a exigir la parte proporcional del dinero que le corresponda por las actividades productivas realizadas dentro de la organización.
Los periodos fijados por las autoridades varían según la naturaleza jurídica del contratante. Para quienes prestan sus servicios subordinados dentro de una empresa o persona moral, la fecha límite improrrogable para ver reflejado el saldo es el próximo 30 de mayo de 2026. Por su parte, el personal que depende de una persona física o patrón individual cuenta con un marco temporal de dispersión que arrancó el 1 de mayo y se extiende reglamentariamente hasta el 29 de junio de 2026. Ante cualquier omisión, negativa o irregularidad cometida por la parte patronal, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo mantendrá abiertos sus canales de comunicación habituales para brindar asesoría jurídica y representación gratuita a los afectados.
60 días laborados como mínimo durante el año fiscal 2025 es el requisito central para que un trabajador o extrabajador tenga derecho al pago.
30 de mayo de 2026 es el día de vencimiento definitivo para que las empresas depositen el monto correspondiente a sus empleados.
29 de junio de 2026 marca el cierre del plazo legal para que los patrones registrados bajo la modalidad de personas físicas cumplan con la obligación.
El cumplimiento del reparto de utilidades mide la salud regulatoria de los centros de trabajo en México, habilitando a la PROFEDET como el árbitro estatal encargado de sancionar a quienes omitan esta prestación antes del vencimiento de los plazos legales.
