Activistas de Veracruz y la Huasteca exigen a la presidenta prohibir por ley la hidrofracturación tras denunciar graves daños al agua y la salud.
Este viernes, la capital mexicana fue escenario de una movilización que pone bajo la lupa la política energética de la administración actual. Representantes de comunidades indígenas y organizaciones civiles, agrupados en la Alianza Mexicana contra el Fracking, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum el cumplimiento estricto de su compromiso de campaña: la prohibición total de la hidrofracturación en territorio nacional. La protesta surge como respuesta directa a la discusión impulsada desde el gobierno federal sobre la viabilidad de un modelo denominado “fracking sustentable”.
La postura de los activistas es tajante. Alejandra Jiménez, integrante de la alianza, sentenció durante la manifestación que tal concepto no tiene sustento fáctico, asegurando que ni en México ni en el extranjero existe una versión de esta técnica que no resulte dañina. Pobladores provenientes de Veracruz, la Huasteca Potosina y diversas regiones del norte del país presentaron testimonios sobre el impacto que la extracción de hidrocarburos ha tenido en sus territorios, citando contaminación de mantos acuíferos, proliferación de enfermedades y la degradación sistemática de suelos.
Ante el análisis técnico que realiza actualmente un comité científico gubernamental sobre esta técnica, las organizaciones exigieron que los especialistas no limiten su evaluación a laboratorios o documentos. La demanda central es que el comité realice visitas de campo en las comunidades afectadas para observar de primera mano los daños atribuidos a la hidrofracturación. Para los manifestantes, cualquier apertura a un “fracking sustentable” representaría un retroceso en las promesas de protección ambiental y soberanía territorial del gobierno de Sheinbaum.
• Representantes de Veracruz, la Huasteca y el norte del país denuncian daños al agua y al territorio.
• La Alianza Mexicana contra el Fracking rechaza oficialmente la propuesta gubernamental de hidrofracturación “sustentable”.
• Exigen que el comité científico del gobierno visite las zonas con daños reportados antes de emitir un dictamen.
La presión social en la Ciudad de México busca cerrar la puerta a cualquier matiz legal que permita la continuidad de la hidrofracturación bajo el argumento de la sustentabilidad.
