La pugna por los 15 mil millones de dólares: México busca la fortuna del “Mayo” Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la FGR evaluar si el país puede reclamar parte de la megafortuna decomisada en Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina realizada en Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si el gobierno mexicano puede acceder a una fracción de los 15 mil millones de dólares decomisados a Ismael “El Mayo” Zambada. La postura surge inmediatamente después de que el exlíder del Cártel de Sinaloa fuera condenado a cadena perpetua en la Corte del Distrito Este de Nueva York por la justicia de Estados Unidos.

El capo de 76 años recibió su sentencia por parte del juez Brian M. Cogan tras haberse declarado culpable de múltiples delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Como parte central del fallo judicial, la corte norteamericana ordenó el aseguramiento de la millonaria cifra, considerada como el capital generado a lo largo de su trayectoria criminal.

Ante este panorama, Sheinbaum evitó fijar una postura personal o política respecto a la sentencia de prisión de por vida dictada contra el capo en tribunales extranjeros; en su lugar, prefirió centrar el alcance de la postura gubernamental en la factibilidad legal del decomiso económico. Aclaró que la FGR participará formalmente para precisar el estado actual del dinero y determinar las acciones del Estado mexicano para reclamar dicho capital.

 76 años de edad: La edad de Ismael “El Mayo” Zambada al momento de ser sentenciado a prisión de por vida por el juez Brian M. Cogan.

 15,000 millones de dólares: El monto total que las autoridades judiciales de Estados Unidos ordenaron asegurar al Cártel de Sinaloa.

 FGR a cargo: La Fiscalía General de la República será la institución responsable de dar seguimiento legal al traslado, la condena y el destino de los recursos.

La estrategia del Gobierno Federal prioriza el rastro del dinero, dejando la vía jurídica en manos de la fiscalía para intentar recuperar recursos derivados del crimen organizado.

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