La líder conservadora rindió protesta ante el Congreso para un periodo de cinco años tras imponerse en el balotaje frente al progresista Roberto Sánchez.
Keiko Fujimori juró este martes 28 de julio ante el Congreso como presidenta de Perú para los próximos cinco años. Durante su investidura, la conservadora de 51 años prometió abordar la crisis de seguridad e inseguridad que afecta al país mediante una estrategia de “mano dura” inspirada directamente en el modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
En su intervención formal, la hija del exmandatario Alberto Fujimori asumió el compromiso de defender la soberanía, la Constitución y velar por la integridad de los ciudadanos. La mandataria llega al Ejecutivo tras imponerse en el balotaje de junio frente al candidato progresista Roberto Sánchez, en lo que representó su cuarto intento por alcanzar la jefatura del Estado y el retorno de su familia al palacio presidencial a más de un cuarto de siglo de haber sido primera dama.
Para combatir el crimen organizado y los delitos de extorsión —fenómeno que cobró la vida de 239 transportistas en 2025—, la presidenta planteó la edificación de un penal con características similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Asimismo, propuso restablecer la figura de los jueces con rostro cubierto, un mecanismo utilizado durante la administración de su padre en la década de 1990.
La toma de posesión se realizó entre reclamos de la oposición política y movilizaciones de familiares de los 50 civiles fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2022 y 2023. Milagros Samillán, hermana del estudiante asesinado Marco Samillán, encabezó una protesta simbólica de lavado de banderas en rechazo a la investidura, recriminando el papel del fujimorismo en la protección del gobierno anterior y demandando comisiones investigadoras independientes.
Datos Duros:
239 transportistas asesinados: Cifra registrada en 2025 debido a ataques extorsivos con incendios y explosivos contra pequeños negocios.
50 civiles muertos: Víctimas de la fuerza pública registradas durante las manifestaciones sociales entre 2022 y 2023.
11 años de prisión: Condena dictada contra el expresidente Pedro Castillo tras ser procesado por conspiración para la rebelión.
La nueva administración inicia su periodo institucional bajo la exigencia legislativa de revisar normas contra el crimen organizado y atender la división política tras una década de inestabilidad gubernamental.
