La nueva directiva de la administración estadounidense exige procesar a los implicados bajo cargos de terrorismo tras la entrega de funcionarios de Sinaloa.
Las autoridades de Estados Unidos han tomado una postura radical en su estrategia contra el tráfico de drogas. A través de una nueva directiva oficial, el gobierno estadounidense ordenó formalmente a sus 93 fiscales intensificar los esfuerzos y triplicar el número de acusaciones contra funcionarios mexicanos que mantengan vínculos con agrupaciones del narcotráfico, específicamente con la facción de Los Chapitos.
Esta determinación se da a conocer luego de que los funcionarios Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaran a la justicia de Estados Unidos para enfrentar procesos legales en su contra. Ambos forman parte de un grupo de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa que son señalados por presunta cooperación con el crimen organizado, lista en la cual se incluye explícitamente el nombre de Rubén Rocha.
La instrucción fue emitida por el vicefiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, durante una conferencia telefónica con los fiscales de ese país. Singh detalló que la táctica agresiva responde a las recientes directrices de Donald Trump, quien firmó una orden para catalogar a los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas. Bajo este nuevo esquema, los fiscales estadounidenses recibieron la instrucción de no limitarse a los cargos tradicionales por narcotráfico, sino imputar también el delito de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas a aquellos servidores públicos que utilicen sus cargos para facilitar el paso de sustancias ilícitas hacia la frontera norte.
Por su parte, Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), respaldó la ofensiva señalando la responsabilidad directa de las autoridades coludidas en la crisis de salud que padece el territorio estadounidense. Pese a que el Departamento de Justicia no ha emitido un pronunciamiento particular sobre el caso específico de Rubén Rocha, diversos funcionarios de ese país han dejado en claro que el proceso legal en contra del mandatario sinaloense no representará un hecho aislado.
• Aakash Singh ordenó a 93 fiscales triplicar acusaciones contra funcionarios mexicanos corruptos.
• Donald Trump firmó una orden que designa a los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.
• Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega ya se entregaron a las autoridades de Estados Unidos.
La agresiva política judicial de Estados Unidos marca un antes y un después en la relación bilateral, utilizando herramientas del derecho antiterrorista para procesar a la jerarquía política mexicana vinculada a redes delictivas.
