El colectivo de rechazo aceptó sumarse a los encuentros tras modificarse las fechas de las reuniones, las cuales evaluarán las 13 condicionantes ambientales impuestas al proyecto.
El Gobierno de México inició un proceso de concertación clave en Los Mochis y Topolobampo, Sinaloa, al convocar a mesas de diálogo técnico y social enfocadas en el proyecto de la planta de fertilizantes de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). Mauricio Rodríguez Alonso, representante del Gobierno Federal para esta obra, confirmó de manera oficial que el colectivo opositor AquíNo aceptó integrarse a estas reuniones de trabajo, luego de que las autoridades federales accedieran a reagendar las fechas de los encuentros conforme a las solicitudes de la agrupación.
El despliegue de estas mesas busca disipar de manera directa las dudas de la población civil, colectivos ambientalistas, productores agrícolas, académicos y comunidades indígenas sobre el impacto real de la planta de GPO. Rodríguez Alonso precisó que el Gobierno Federal actuará estrictamente como rector y garante de la neutralidad del proceso, asegurando un piso parejo de escucha tanto para los promotores del desarrollo económico regional como para las agrupaciones que mantienen una postura de rechazo histórico al complejo petroquímico.
La discusión principal girará en torno a los derechos indígenas, la generación de empleo local y la viabilidad ecológica de la planta, cuya autorización ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se encuentra sujeta a un permiso condicionado. Durante los encuentros se desglosarán los mecanismos de supervisión oficiales para garantizar que la empresa no incurra en violaciones normativas, bajo advertencia de suspensión inmediata de las obras en caso de incumplimiento de los acuerdos de vigilancia.
La autorización ambiental otorgada por la Semarnat para la planta de GPO en Topolobampo se compone de 13 condicionantes obligatorias.
El colectivo opositor AquíNo confirmó formalmente su participación tras la reprogramación de las fechas por parte del Gobierno Federal.
Las medidas obligadas contemplan programas permanentes de monitoreo de temperatura, calidad del agua y conservación de manglares durante la construcción y operación.
La apertura de este espacio de debate directo marca un punto de inflexión en el conflicto territorial y ambiental de Topolobampo, posicionando la supervisión comunitaria como el eje rector para definir el avance o la parálisis definitiva de la millonaria infraestructura de fertilizantes.
