La presidenta afirmó que la propuesta para medios no busca restringir la libertad de expresión y subrayó que sigue abierta a modificaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la iniciativa y los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura contra los medios de comunicación. Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 30 de julio de 2026, la mandataria afirmó que el objetivo central de la medida es garantizar de forma plena el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información de manera veraz.
La postura del Ejecutivo se dio en respuesta a la ola de señalamientos y críticas que emergieron tras la publicación del documento base. Frente a estos cuestionamientos, Sheinbaum sostuvo que las advertencias sobre posibles restricciones a la labor periodística carecen de sustento, al tiempo que enfatizó el carácter preliminar de los criterios presentados a la opinión pública.
En su intervención, la presidenta aclaró que la propuesta normativa se encuentra actualmente en una etapa de consulta pública. Por esta razón, precisó que las disposiciones contenidas en el borrador no han sido aprobadas de manera definitiva por las instancias correspondientes, manteniendo la posibilidad de recibir observaciones, ajustes y modificaciones directas antes de su dictaminación final.
El Gobierno federal defiende que el marco regulatorio en discusión se enfoca en afianzar las garantías regulatorias para el público receptor, mientras los sectores críticos mantienen la vigilancia sobre la redacción final que adoptará la normativa para el sector radiodifundido y de telecomunicaciones.
Datos Duros:
Estatus del documento: Los lineamientos de derechos de las audiencias se encuentran actualmente en proceso de consulta pública.
Sin aprobación definitiva: El texto regulatorio permanece abierto a modificaciones y ajustes previos a su validación final.
Fundamento esgrimido: La iniciativa apela a garantizar el derecho constitucional del público a recibir información.
La resolución de la consulta pública determinará si el texto definitivo incorpora los cambios exigidos por los diversos sectores de la comunicación.
