Morena, PRI y PVEM impulsan reformas a la Ley Federal del Trabajo para obligar a las empresas a transparentar decisiones digitales y prohibir los reemplazos de personal.
La inteligencia artificial ha dejado de ser un tema exclusivo de innovación tecnológica para convertirse en el nuevo eje de disputa en el Congreso de la Unión. Las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han puesto en marcha una serie de iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de regular de forma estricta los sistemas automatizados dentro de los centros laborales en el país.
El proyecto de mayor impacto económico, promovido por el diputado Luis Humberto Fernández (Morena), plantea la creación de una indemnización especial para los trabajadores que sean sustituidos directamente por tecnologías de IA. La propuesta busca añadir dos meses de salario a la compensación constitucional existente de tres meses, obligando a los empleadores a liquidar con un total de cinco meses de remuneración a cualquier empleado desplazado por un software o algoritmo. Por su parte, la senadora Ruth González Silva (PVEM) impulsa una clasificación para catalogar como “sistemas de alto impacto” a las herramientas de software utilizadas en reclutamiento, asignación de tareas, salarios o despidos, forzando a los centros de trabajo a realizar evaluaciones avaladas bajo lineamientos técnicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Complementando el bloque de reformas, la propuesta del senador Pablo Angulo (PRI) busca fijar un candado legal para que la tecnología opere estrictamente como un complemento al trabajo humano, prohibiendo además la vigilancia desproporcionada que vulnere la privacidad. Los tres proyectos legislativos convergen en establecer obligaciones de transparencia absoluta, exigiendo que los patrones informen con antelación si un algoritmo influye en las condiciones de trabajo, y garantizando el derecho de los empleados a exigir que un humano revise, modifique o revierta cualquier sanción o despido determinado de forma automatizada.
El marco legal vigente de la LFT solo contempla regulaciones de IA aplicadas a la clonación de voces en el sector artístico.
La reforma de Morena eleva a cinco meses de salario el monto total de indemnización ante un reemplazo por herramientas digitales.
Las compañías estarán obligadas a absorber por completo el costo de los recursos tecnológicos, sin trasladar gastos operativos al trabajador.
El avance de esta agenda legislativa marca un punto de inflexión en los derechos laborales en México, buscando limitar el poder decisivo de los algoritmos frente a la estabilidad del capital humano.
