Un tribunal de Rhode Island dictamina que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración violó la ley al congelar asilos, residencias y permisos de trabajo basándose solo en el lugar de nacimiento.
Un nuevo revés judicial golpea la estrategia de control fronterizo de la Casa Blanca. El juez federal de distrito, John McConnell, con sede en Providence, Rhode Island, dictaminó este viernes que el Gobierno del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al impedir que solicitantes de 39 naciones recibieran resoluciones sobre asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia permanente y procesos de ciudadanía. El fallo determina que los mecanismos administrativos implementados para frenar los expedientes carecen de validez jurídica.
La resolución es el resultado directo de una demanda interpuesta en marzo por una coalición conformada por sindicatos y organizaciones de servicios para inmigrantes. Dicha acción legal impugnó el bloqueo operativo ejecutado desde noviembre por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), un órgano dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La administración de Trump justificaba la suspensión total o parcial del procesamiento de estos beneficios bajo supuestos motivos de investigación de antecedentes y seguridad nacional en favor del territorio estadounidense.
Durante la lectura del fallo, el juez McConnell, quien fue nombrado en su cargo por el expresidente Barack Obama, argumentó que las directrices del USCIS sumieron en un limbo legal indefinido las vidas de innumerables inmigrantes asentados en el país. El magistrado enfatizó que las personas afectadas cumplieron cabalmente con cada uno de los requisitos legales promulgados por el Congreso, por lo que la parálisis de los expedientes se debió exclusivamente a la casualidad de su lugar de nacimiento en regiones de África, Asia, América Latina y Oriente Medio, violando el principio fundamental de igualdad ante la ley.
El fallo emitido este viernes congela las políticas de restricción migratoria adoptadas desde el mes de noviembre.
Las medidas invalidadas afectaban directamente los trámites esenciales de ciudadanos originarios de 39 países distintos.
La demanda original fue promovida en marzo por una alianza de organizaciones civiles de apoyo al migrante y sindicatos.
El dictamen frena una de las herramientas más restrictivas del aparato migratorio oficial, recordando que los criterios de seguridad nacional de un gobierno no pueden pasar por encima de las leyes dictadas por el Poder Legislativo.
