Pese al discurso soberanista de Claudia Sheinbaum contra la injerencia extranjera, una decena de funcionarios electos actúan como informantes confidenciales de Estados Unidos.
Una decena de funcionarios electos mexicanos, pertenecientes a Morena y entre los que se incluyen gobernadores y miembros del Congreso de la Unión, rompieron de forma secreta la directriz de lealtad nacional impuesta por la presidencia de la República. Los políticos se ofrecieron discretamente ante las agencias de seguridad e investigación del gobierno de Donald Trump para operar como informantes en casos de corrupción y narcotráfico dirigidos contra otros miembros de su propio partido.
La filtración de estas negociaciones secretas ocurre en las semanas posteriores a que la justicia de Estados Unidos acusara formalmente a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colaborar con un cártel del narcotráfico. El detonante de este quiebre interno fue una estrategia de aproximación privada operada por la Administración de Control de Drogas (DEA), la cual contactó de forma individual a los políticos de izquierda. Presionados por el temor de convertirse en los siguientes objetivos criminales de Washington, los legisladores y mandatarios estatales decidieron pactar intercambios de información confidencial para asegurar su propia inmunidad personal.
Esta ola de delación interna contradice abiertamente la postura pública de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien el mes pasado calificó las investigaciones de los fiscales estadounidenses como un acto de injerencia extranjera con fines electorales de cara a los comicios de 2026 en Estados Unidos. El caso más crítico de confrontación bilateral radica en Sinaloa, donde Sheinbaum rechazó tajantemente las exigencias de Washington para detener al gobernador oficialista Rubén Rocha Moya, acusado por fiscales estadounidenses de proteger al cártel local a cambio de financiamiento electoral.
Mientras la presidenta mantiene el cierre de filas institucional desde la cúpula del Ejecutivo, las áreas de inteligencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos acumulan testimonios de alto nivel. La información de los políticos de Morena se suma a las declaraciones de líderes criminales extraditados —incluyendo a dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— lo que debilita el control de la estructura partidista de izquierda de cara a las próximas revisiones del tratado comercial bilateral.
Al menos 12 funcionarios electos de Morena abrieron canales confidenciales con agencias de EE. UU. para delatar a sus propios compañeros.
La DEA detonó la cooperación al aproximarse a gobernadores y legisladores temerosos de ser imputados en cortes federales.
El gobierno federal mexicano ha extraditado a 92 operadores de cárteles en los últimos 18 meses, quienes también aportan datos de sobornos políticos.
El pacto encubierto de gobernadores y congresistas con la DEA expone una fractura estructural profunda en el partido gobernante, donde el instinto de supervivencia individual sepulta por completo el discurso de soberanía nacional promovido desde el Palacio Nacional.
