Hacienda y la FSTSE amarran un ajuste retroactivo para 800 mil trabajadores operativos bajo un esquema que prioriza los sueldos más bajos de la burocracia.
El bolsillo de la burocracia federal recibirá un tanque de oxígeno definitivo. La Secretaría de Hacienda y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) alcanzaron un acuerdo para aplicar un incremento del 9 por ciento directo al salario y las prestaciones de aproximadamente 800 mil empleados del Gobierno federal. El ajuste económico tendrá un carácter retroactivo al 1 de enero de 2026, consolidándose como el resultado de la mesa de negociación salarial anual para el personal operativo del país.
Sin embargo, las reglas de operación del nuevo tabulador dejan fuera a dos de los gremios más grandes del sector público. El beneficio se aplicará de forma exclusiva al personal de la denominada Rama Operativa, sector que concentra a los trabajadores administrativos y de servicios generales de las dependencias federales, por lo que el magisterio nacional y el personal adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no están contemplados dentro de este paquete de mejoras.
La organización sindical, liderada por Marco Antonio García Ayala, detalló que el incremento no se limitará a las percepciones mensuales básicas. El acuerdo de la curva salarial del Sector Central integra mejoras directas en prestaciones económicas fundamentales de fin de año, tales como los vales de despensa y los fondos asociados al aguinaldo. La distribución se operará bajo un modelo proporcional que privilegia a los burócratas con menores ingresos económicos en la estructura pública. Durante el anuncio oficial, la FSTSE aprovechó para exigir el fortalecimiento financiero de Pensionissste, promoviéndola como la única administradora pública sin fines de lucro apta para elevar los rendimientos y el reparto de utilidades entre sus afiliados, en sintonía con la propuesta del Ejecutivo de crear una nueva aseguradora pública.
El incremento salarial del 9 por ciento impactará de manera directa a una plantilla de 800 mil servidores públicos en la Rama Operativa.
La aplicación de los recursos económicos acumulados durante el año tendrá efectos retroactivos obligatorios fijados al 1 de enero de 2026.
El ajuste en las percepciones del Sector Central deja fuera de los beneficios al cuerpo docente del país y a los empleados del IMSS.
La reconfiguración de los sueldos en el Sector Central alivia la presión económica de los empleados con menores percepciones, pero marca una clara línea divisoria frente a los sistemas de salud y educación del país.
