La presidenta de México aclara que el proceso contra el gobernador con licencia de Sinaloa está en fase preliminar y no tiene un plazo de resolución definido.
El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entra en una fase de estricta revisión técnica y legal dentro del gobierno mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó formalmente que no existe ningún plazo definido para resolver la solicitud de detención urgente con fines de extradición emitida por una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La mandataria enfatizó que la petición estadounidense carece actualmente de los elementos probatorios necesarios para proceder.
El conflicto legal se originó a partir de una acusación radicada en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Ante esto, las autoridades de la Unión Americana emitieron una alerta de captura inmediata hacia el territorio mexicano. No obstante, el procedimiento fue contenido en primera instancia por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tras analizar los documentos enviados, la cancillería concluyó que no se presentaron pruebas bastantes para justificar un arresto de esa naturaleza. Debido a este vacío de datos, el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República para que emita una opinión oficial sobre el estatus jurídico de la demanda.
La Fiscalía General de la República ya abrió carpetas de investigación independientes y realiza las diligencias pertinentes. La titular del Ejecutivo federal subrayó que, si la administración mexicana rechaza de manera definitiva la solicitud de detención urgente, las autoridades de los Estados Unidos todavía conservan el derecho y la vía legal para promover un juicio de extradición formal bajo los canales diplomáticos tradicionales.
La solicitud estadounidense proviene de una acusación en la corte del Distrito Sur de Nueva York y no constituye un juicio de extradición formal aún.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dictaminó falta de elementos suficientes para ejecutar la orden inmediata y turnó el expediente a la FGR.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones propias sobre los hechos señalados antes de emitir su postura jurídica final.
La firmeza procesal frente a las peticiones externas demuestra que la justicia mexicana mantendrá sus propios tiempos de investigación sobre los funcionarios públicos, supeditando cualquier captura internacional a la existencia de pruebas contundentes y verificables.
