El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a una exsecretaria general y al extitular de Inteligencia por un contrato irregular de 2015.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó la inhabilitación de dos exmandos de alto nivel de la extinta Policía Federal, tras comprobarse su responsabilidad directa en el desvío de más de 65 millones de dólares en recursos públicos. De acuerdo con el reporte oficial emitido un martes por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las sanciones corresponden a la detección y acreditación de faltas administrativas graves relacionadas con un contrato de prestación de servicios gubernamentales que se firmó originalmente en el año 2015.
Los implicados en este daño al erario son una exsecretaria general de la Policía Federal y el extitular de la División de Inteligencia, quienes operaban en los niveles más altos de la estructura de la corporación de seguridad. Las indagatorias de la dependencia confirmaron que las personas servidoras públicas participaron activamente en el manejo indebido de fondos públicos que estaban asignados de manera específica para cumplir con obligaciones contractuales vigentes.
El dinero desviado correspondía a los pagos de servicios acordados con la empresa proveedora de origen israelí Rafael Advanced Defense System LTD, una firma internacional dedicada al desarrollo y fabricación de sistemas de defensa para aplicaciones aéreas, terrestres, navales, espaciales y digitales. La autoridad resolvió sancionar a los exfuncionarios con periodos de inhabilitación que alcanzan hasta los 20 años de restricción para ejercer cargos públicos, luego de concluir que el desvío de los fondos generó un perjuicio económico directo a las finanzas del Estado.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa acreditó el desvío de más de 65 millones de dólares de fondos públicos.
Las faltas administrativas graves se originaron de la ejecución de un contrato de servicios firmado en el año 2015.
Las sanciones emitidas por las autoridades administrativas contemplan periodos de inhabilitación de hasta 20 años.
La resolución en contra de los mandos operativos fija un precedente administrativo contra la corrupción, cerrando el paso a exfuncionarios que comprometieron recursos de seguridad para fines ilícitos.
