Un despacho jurídico llevó ante las autoridades federales a los conductores de televisión tras emitir declaraciones públicas sobre envenenar perros.
Los conductores de televisión Pedro Sola y Pati Chapoy enfrentan una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El despacho jurídico especializado “Va por sus derechos” anunció el viernes la apertura de este proceso legal tras las polémicas declaraciones sobre el uso de veneno contra animales callejeros emitidas en el programa Ventaneando.
El origen de la acción legal se remonta al pasado 6 de julio, cuando el presentador Pedro Sola externó su molestia ante la presencia de caninos en establecimientos comerciales. Durante la transmisión masiva, el conductor afirmó textualmente: “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros c*gando en el restauran. Oigan, ¿qué es eso? Se volvieron locos, ¿o qué? Con ganas de aventarles un trozo de carne envenenada“.
Ante esta situación, las abogadas al frente de “Va por sus derechos” detallaron que los hechos denunciados constituyen probables delitos de provocación pública a cometer un delito y apología de este. La organización jurídica sustentó su acusación compartiendo de manera pública las fotografías de las actas presentadas ante las autoridades competentes, dirigidas tanto a Pedro Sola como a Pati Chapoy, argumentando de forma clara que el desconocimiento de la legislación vigente no exime a ninguna persona de sus responsabilidades legales.
El caso ha encendido el debate sobre los límites de la libertad de expresión en los medios de comunicación masivos y la responsabilidad civil al hablar de violencia o maltrato contra la fauna urbana en territorio nacional.
La denuncia formal fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el despacho especializado “Va por sus derechos”.
Los delitos señalados formalmente en las actas son provocación pública a cometer un delito y apología de este.
El detonante fue la declaración de Pedro Sola emitida en televisión abierta el pasado 6 de julio.
El proceso legal ahora queda en manos de las autoridades federales, quienes deberán determinar la responsabilidad jurídica de los comunicadores por el mensaje difundido en red nacional.
