La restricción de activos surge tras las acusaciones emitidas por Estados Unidos contra el círculo cercano del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Este lunes 18 de mayo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera oficializó la inclusión de 10 ciudadanos mexicanos en la Lista de Personas Bloqueadas, inmovilizando de forma inmediata todas sus cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional. Las personas sancionadas bajo el estatus legal de Personas Políticamente Expuestas están bajo investigación directa debido a los señalamientos formales emitidos por agencias gubernamentales de los Estados Unidos. La acusación exterior apunta a presuntos vínculos logísticos con el narcotráfico y operaciones financieras del crimen organizado en el estado de Sinaloa.
Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera no expuso públicamente la identidad nominal de los 10 objetivos financieros en su reporte oficial, el historial de las indagatorias internacionales y la acusación presentada el pasado 29 de abril conectan directamente con el entorno político y de seguridad pública de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Rocha Moya, originario del municipio de Badiraguato, solicitó una licencia temporal a sus funciones ejecutivas desde el pasado 2 de mayo de 2026, por un periodo superior a los 30 días, declarando que la separación buscaba facilitar las inspecciones de la autoridad judicial.
El cerco financiero e institucional abarca a figuras de la estructura política local, como el actual senador y exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien previamente se desempeñó como magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa. La intervención de los flujos monetarios bloquea toda operación económica de este grupo compacto mientras avanzan los procesos judiciales binacionales, marcando una de las intervenciones bancarias más críticas contra un bloque gubernamental en el noroeste de la República Mexicana por nexos con actividades criminales.
• La UIF aplicó el congelamiento de fondos de manera simultánea a 10 personas catalogadas como políticamente expuestas.
• Las investigaciones derivan de un pliego de cargos criminales presentado por Estados Unidos el pasado 29 de abril de 2026.
• El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dejó su cargo mediante una licencia firmada el pasado 2 de mayo de 2026.
El masivo bloqueo de cuentas ejecutado por la UIF expone la profundidad de las carpetas de investigación estadounidenses en la estructura política de Sinaloa, inmovilizando los recursos del círculo gobernante.
