Sinaloa busca castigar con hasta 6 años de prisión la manipulación psicológica y financiera contra adultos mayores.
La tregua para quienes ven en el patrimonio de sus padres o abuelos un botín personal está por terminar en Sinaloa. El Congreso del Estado ha puesto sobre la mesa una reforma contundente que busca frenar el despojo financiero y patrimonial contra la tercera edad, un delito que suele esconderse tras las puertas de los hogares sinaloenses bajo el disfraz de “cuidado familiar”.
En la sesión más reciente del Pleno del Poder Legislativo, se dio lectura a la iniciativa que propone tipificar y sancionar con rigor a quien manipule a un adulto mayor para apoderarse o ejercer control sobre sus bienes. La propuesta no se anda con rodeos: plantea penas que van desde uno hasta los seis años de prisión. Pero el castigo no termina en la celda; los agresores también serían obligados a tomar tratamiento psicológico especializado para erradicar las conductas de abuso que laceran el tejido social de comunidades como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
El proceso legislativo ya está en marcha. Tras su primera lectura, el documento fue turnado para una segunda revisión, marcando el inicio de un blindaje legal que los adultos mayores en Sinaloa necesitaban con urgencia. El abuso patrimonial, muchas veces ejecutado mediante presión emocional o engaños sobre el estado de salud del abuelo, es una de las violencias más silenciosas en el estado. Con esta reforma, se busca que cualquier intento de administración forzada o apropiación de propiedades y cuentas bancarias sea perseguido como un delito grave que amerita cárcel.
Para la juventud y los adultos sinaloenses, esta ley representa un cambio de paradigma: el respeto al esfuerzo de toda una vida de los mayores ya no será solo un valor moral, sino una obligación legal protegida por el Código Penal. El mensaje de los legisladores es claro: en Sinaloa, manipular la voluntad de un abuelo por dinero se paga con libertad.
Datos Duros:
• Penas propuestas de 1 a 6 años de prisión para los agresores patrimoniales.
• Obligatoriedad de tratamiento psicológico especializado además de la condena penal.
• La iniciativa ya superó su primera lectura en el Pleno del Congreso de Sinaloa.
Se les acabó el juego a los que quieren jubilarse a costa de los ahorros del abuelo. En Sinaloa, el despojo patrimonial va directo al juzgado.
