Los partidos políticos recibirán reportes de inteligencia sobre sus aspirantes, pero ellos decidirán si los registran o no ante la autoridad electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó formalmente la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Se trata de una iniciativa electoral diseñada para impedir que personas vinculadas con grupos delictivos accedan a puestos de elección popular a partir del proceso electoral de 2027. La propuesta busca blindar los procesos de selección interna mediante el cruce de datos con agencias de seguridad nacional.
Durante la conferencia de prensa matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló la operatividad de este nuevo órgano que dependerá de manera directa del Instituto Nacional Electoral (INE). Bajo este esquema, los partidos políticos enviarán de forma voluntaria sus listas de aspirantes a la comisión. El organismo cotejará las identidades con las bases de datos de las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para detectar si existe un riesgo razonable que advierta un vínculo con el crimen organizado.
El modelo establece que los ciudadanos que aspiren a una candidatura deberán manifestar obligatoriamente y por escrito su conformidad para ser evaluados. A pesar del filtro de inteligencia, la iniciativa estipula que los partidos políticos mantendrán la responsabilidad final de decidir si registran o descartan las candidaturas que presenten información relevante o de riesgo. Sin embargo, Alcalde aclaró que las instituciones de justicia continuarán de oficio con las investigaciones penales correspondientes de manera independiente a las decisiones partidistas.
La presidenta Sheinbaum justificó la urgencia de este mecanismo tras señalar casos previos donde se detectaron nexos criminales en administraciones locales, haciendo referencia a la detención del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y del exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, en el estado de Morelos, capturados mediante la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción.
La evaluación de antecedentes delictivos será un requisito obligatorio para todos los aspirantes que busquen una postulación partidista.
El nuevo organismo de supervisión operará bajo la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso de 2027.
Las detenciones del alcalde de Atlatlahucan y el exedil de Yecapixtla en Morelos sirvieron como argumento directo para fundamentar la reforma.
El filtro de candidaturas traslada la responsabilidad de la integridad política a las dirigencias de los partidos, quienes operarán con información de inteligencia judicial pero mantendrán la facultad de validar o rechazar los registros cuestionados.
