A solo 53 días de que venza el plazo legal, millones de usuarios de Telcel, AT&T y Telefónica podrían perder su servicio por falta de registro.
La telefonía móvil en México se acerca a una crisis operativa sin precedentes. A menos de dos meses de que concluya el plazo para el registro obligatorio de líneas, el 82.5% de los usuarios en el país aún no ha vinculado su Clave Única de Registro de Población (CURP) ni su identificación oficial con su número telefónico. Este rezago sitúa a más de 133 millones de líneas ante la posibilidad real de ser dadas de baja de forma masiva, lo que implicaría un golpe crítico para la conectividad nacional y la economía del sector.
Según datos compartidos por Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), de las 161.7 millones de líneas reportadas al cierre de 2025, apenas 28.3 millones han cumplido con el trámite. Esto representa un avance de apenas el 17.5%, una cifra alarmante considerando que la fecha límite es el próximo 30 de junio de 2026. La mecánica de cumplimiento requeriría una aceleración casi imposible: el registro de 1.75 millones de líneas diariamente para alcanzar la meta.
El impacto ya es visible en el mercado de prepago. Empresas como Telcel, AT&T y Telefónica ya han eliminado aproximadamente un millón de clientes en un periodo de tres meses como consecuencia directa de esta política. La situación pone bajo presión tanto a los operadores como a los suscriptores, quienes enfrentan repercusiones económicas y operativas si no se agiliza el proceso. Expertos advierten que el ritmo actual de registro es insuficiente frente a un objetivo que exige una infraestructura de atención técnica y regulatoria inédita en la historia de las telecomunicaciones en México.
• 133.4 millones de líneas: Es el total de usuarios que aún no han realizado su registro obligatorio.
• 30 de junio de 2026: Fecha límite establecida para vincular la CURP e identificación oficial.
• 1.75 millones por día: Ritmo de registro diario necesario para evitar la desconexión total.
La inminente desconexión masiva de líneas móviles plantea un escenario de incertidumbre donde la falta de cumplimiento ciudadano choca directamente con el rigor de la normativa de telecomunicaciones.
