La Unidad de Género de la corporación presentó su balance estadístico en Culiacán y delineó los retos de capacitación técnica para los elementos operativos.
La Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Sinaloa sostuvo este jueves 25 de junio de 2026 una reunión de trabajo clave en Culiacán con los mandos de la Unidad de Género de la Policía Estatal Preventiva (PEP). El encuentro institucional tuvo como propósito central evaluar el impacto de las estrategias desplegadas contra la violencia familiar en la entidad, así como definir las necesidades presupuestales y operativas prioritarias para optimizar el servicio de protección que se brinda a las víctimas de estos delitos.
En la mesa técnica participaron activamente las diputadas Arely Berenice Ruiz López y Roxana Rubio Valdez, en conjunto con el diputado Eligio López Portillo, quienes integran la mesa directiva de la comisión legislativa. Durante la sesión, la coordinadora de la Unidad de Género, Carolina Buitimea Velázquez, expuso los indicadores del grupo policial especializado, detallando que la visibilidad de los operativos en territorio ha generado confianza en la ciudadanía, incrementando de manera paulatina el número de personas que optan por formalizar denuncias ante las autoridades correspondientes.
Por su parte, el coordinador operativo de la PEP en la zona centro, Luis Morán Rodríguez, planteó ante los diputados que el desafío inmediato de la corporación no radica únicamente en la reacción, sino en avanzar de forma rigurosa en la capacitación continua de los agentes preventivos. El mando policial enfatizó que el adiestramiento técnico es indispensable para evitar prácticas de revictimización durante los primeros contactos de emergencia, garantizando un acompañamiento digno para las afectadas dentro del entorno familiar y social.
Desde la consolidación oficial de la Unidad de Género el 21 de marzo de 2023 hasta la fecha actual, los elementos han atendido un histórico de 4,221 reportes ciudadanos por violencia familiar.
La numeralia de intervenciones específicas incluye el desahogo de 988 casos confirmados de violencia física, psicológica, patrimonial o sexual, además de 214 procesos de atención a víctimas menores de edad.
El desglose operativo registra a 332 usuarias activas con medidas de protección vigentes, 325 casos canalizados a diversas instituciones y 395 expedientes remitidos a organismos como el Ministerio Público y el Sistema DIF.
La fiscalización de los indicadores delictivos en Culiacán establece una ruta de corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y las fuerzas policiales para fortalecer el financiamiento de los protocolos de género vigentes en Sinaloa.
