La gobernadora de Sinaloa reprueba la intimidación en la colonia Emiliano Zapata y despliega operativos federales y estatales mientras la Fiscalía rastrea el origen del ataque.
Un operativo de seguridad federal y estatal fue desplegado en Culiacán para proteger a la diputada Paola Gárate, luego de registrarse un acto de intimidación en su contra. La gobernadora del estado, Yeraldine Bonilla Valverde, confirmó que la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya cuenta con acompañamiento directo de las fuerzas armadas tras el hallazgo de una corona de flores fúnebres abandonada en el exterior de su propiedad.
El incidente de amenaza ocurrió el pasado 10 de junio en su residencia de la colonia Emiliano Zapata, ubicada en la zona sur de la capital sinaloense. Ante el riesgo, la Mesa de Seguridad estatal sesionó este viernes 12 de junio de 2026 para validar la solicitud de la diputada, quien requirió formalmente la intervención de instancias federales. Como resultado, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) asumieron su custodia personal, mientras la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ejecuta rondines de vigilancia perimetral en sus domicilios.
La gobernadora Bonilla Valverde reprobó públicamente el suceso, catalogándolo como una agresión intolerable para cualquier servidor público o ciudadano en Sinaloa. Asimismo, respaldó la iniciativa de la congresista de acudir ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente. Por su parte, la diputada Gárate afirmó no sostener conflictos comerciales ni personales con ninguna persona, sosteniendo que mantendrá su postura de alzar la voz en el Congreso pese a las intimidaciones recibidas.
Una corona de flores fúnebres fue abandonada en la casa de la diputada en la colonia Emiliano Zapata el 10 de junio.
La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) asumieron la protección oficial de la legisladora.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras la denuncia formal interpuesta por la víctima.
El blindaje armado en torno a la legisladora priista evidencia la vulnerabilidad de los actores políticos en la entidad, trasladando el caso al terreno de la investigación criminal urgente.
