El fisco puede iniciar revisiones fiscales y multar a las personas físicas que incurran en discrepancia fiscal mediante compras y depósitos bancarios.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene una vigilancia estricta sobre los movimientos bancarios de los contribuyentes en México. La autoridad fiscal cuenta con la facultad de iniciar revisiones fiscales directas en aquellos casos donde se detecte que los gastos realizados a través de tarjetas de débito son superiores a los ingresos declarados formalmente.
Este proceso se activa mediante el mecanismo legal conocido como “discrepancia fiscal”. A través de esta medida, el órgano recaudador puede solicitar aclaraciones detalladas sobre el origen del dinero utilizado para efectuar compras, pagos o depósitos registrados en las cuentas bancarias de las personas físicas. El objetivo es identificar cualquier inconsistencia entre los recursos que recibe el ciudadano y lo que reporta formalmente en sus declaraciones de impuestos.
La base legal de estas auditorías se encuentra estrictamente fundamentada en el marco normativo mexicano. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la discrepancia fiscal se configura formalmente cuando una persona física realiza erogaciones que superan a los ingresos declarados ante el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al detectarse esta condición, el contribuyente queda sujeto a un proceso de aclaración y, en caso de no comprobar el origen lícito y fiscal de los recursos excedentes, a la aplicación de las multas correspondientes por parte de la autoridad financiera.
• El SAT vigila compras, pagos y depósitos en cuentas de débito.
• El artículo 91 de la Ley del ISR regula el proceso de discrepancia fiscal.
• Las personas físicas con erogaciones mayores a sus ingresos declarados serán sujetas a revisión.
El cruce automatizado de datos bancarios obliga a los usuarios de tarjetas de débito a mantener una total congruencia entre sus ingresos reportados y sus gastos corrientes para evitar sanciones económicas.