La Cancillería mexicana transparentará los documentos legales relacionados con las solicitudes de extradición de Estados Unidos contra el gobernador con licencia y el senador Enrique Inzunza.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio un giro a su postura inicial y confirmó que hará pública información clave sobre los procesos de extradición solicitados por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Esta medida surge tras una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ordenó priorizar la transparencia ante las críticas ciudadanas y mediáticas generadas por la reserva de cinco años que la dependencia había impuesto originalmente sobre este expediente.
A pesar de esta apertura, la SRE aclaró que el acceso a los datos no será total. La Cancillería subrayó que los documentos que contienen notas diplomáticas vinculadas a expedientes judiciales seguirán bajo reserva estricta. Según la dependencia, mantener la clasificación de estos textos es indispensable para no comprometer los procedimientos legales vigentes, ya que son documentos oficiales mediante los cuales los gobiernos intercambian comunicaciones esenciales para la cooperación judicial internacional.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) enfatizó que la carpeta de investigación en contra de Rocha Moya y otros funcionarios permanece abierta, aunque precisó que, hasta el momento, no se han reunido las pruebas necesarias que satisfagan el estándar probatorio requerido por el sistema penal mexicano. La FGR confirmó que ha realizado entrevistas ministeriales a los diez implicados y ha recopilado reportes adicionales, aunque reiteró que no se procederá sin sustento probatorio suficiente.
La SRE revirtió parcialmente la reserva de cinco años sobre el caso, tras la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los documentos públicos incluirán los detalles de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por EU.
La FGR sostiene que aún no existen pruebas suficientes bajo el derecho mexicano para proceder contra los implicados.
El caso sigue bajo escrutinio mientras la Cancillería define la línea exacta entre la rendición de cuentas pública y la secrecía de los procedimientos judiciales internacionales.