La dirigencia opositora responde a los reclamos de la presidencia y asegura que el expediente en La Haya busca procesar penalmente tanto al exmandatario como a los cárteles.
La confrontación entre el Poder Ejecutivo federal y la oposición ha alcanzado un punto de fricción internacional inmediato. Este lunes 8 de junio de 2026, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, publicó un pronunciamiento en video para responder de forma directa a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien horas antes calificó de “hipócrita” la denuncia interpuesta por el bloque opositor ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
El dirigente de la oposición argumentó en su mensaje que la validez del recurso legal radica en su carácter autónomo, señalando que la molestia y preocupación del partido oficialista obedece a que la corte de justicia transnacional opera fuera del ámbito de control político de Morena. Romero aclaró que, si bien el expediente detalla la responsabilidad del expresidente López Obrador por presuntamente ceder soberanía territorial al crimen organizado durante el sexenio de 2018 a 2024, el documento también acusa formalmente a todas las facciones operativas de los cárteles de la droga en el territorio nacional por la comisión de delitos de lesa humanidad.
La escalada jurídica en el extranjero coincide con un escenario de alta presión bilateral. El documento panista, entregado formalmente y fechado el 7 de junio, fue hecho público en un contexto donde el Gobierno de Estados Unidos mantiene indagatorias abiertas por presuntos nexos delictivos en contra de gobernadores morenistas, listando de forma específica a Rubén Rocha de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas. El partido denunciante sostiene que la política de “Abrazos, no balazos” constituyó una planeación deliberada que derivó en el hiperempoderamiento financiero y político de las mafias, localizando los epicentros de esta problemática en los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.
El expediente penal de la oposición fue promovido ante la Corte Penal Internacional con fecha oficial del 7 de junio.
La denuncia responsabiliza a las autoridades de una crisis delictiva que acumula más de 200,000 homicidios dolosos.
Jorge Romero fundamenta el recurso en un registro de 150,000 desapariciones y fenómenos de reclutamiento forzado de jóvenes.
La pugna por la justicia y el control de la narrativa de seguridad entra a un terreno neutral en Europa, forzando al gobierno federal en funciones a observar un litigio internacional que busca fiscalizar los saldos del sexenio anterior mediante tribunales independientes a la estructura gubernamental mexicana.