Óscar Loza Ochoa expone que los operativos en Culiacán y Mazatlán estrangulan la movilidad urbana y ponen en riesgo emergencias médicas por malos tratos y demoras.
La operación de los retenes policiacos en las vialidades de Sinaloa se ha convertido en el principal motivo de inconformidad ciudadana. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, confirmó en Mazatlán que estos operativos encabezan los expedientes de quejas en la entidad, concentrándose la problemática de manera crítica en los municipios de Mazatlán y Culiacán.
El eje del conflicto radica en la planeación y ubicación de estos puntos de control. De acuerdo con las revisiones del organismo defensor, las corporaciones policiacas colocan la infraestructura de inspección de forma recurrente justo después de los puentes vehiculares. Esta práctica estrangula el flujo de automóviles y ralentiza por completo el tránsito en los accesos urbanos. La afectación va más allá de la molestia vial; impacta de forma directa la distribución comercial, provocando retrasos en la entrega de proveedores de mercancías, y afecta los horarios laborales de cientos de trabajadores.
La alerta más grave emitida por la CEDH concierne a los servicios de salud prioritarios. Cuando una ambulancia, ya sea pública o privada, traslada a un paciente con la vida en riesgo, la falta de fluidez en estos cuellos de botella oficiales impide el libre tránsito con la inmediatez que la emergencia médica exige. Loza Ochoa aclaró que el grueso de las denuncias presentadas por los ciudadanos no obedece a actos de corrupción o extorsión económica, sino que se derivan específicamente del maltrato verbal o físico ejercido por los elementos policiales y la pérdida excesiva de tiempo.
La proliferación de estos esquemas de seguridad en puntos estratégicos de las urbes sinaloenses mantiene confrontada la estrategia policial de revisión masiva frente a las garantías individuales de libre tránsito y trato digno para los automovilistas locales.
Los municipios de Mazatlán y Culiacán concentran la mayor incidencia de quejas por instalación de puntos de control.
Las denuncias registradas ante el organismo se enfocan en los malos tratos y las demoras operativas, no en la corrupción.
La ubicación recurrente de los retenes se efectúa al descender de puentes vehiculares, bloqueando el tráfico.
El reclamo civil ante los Derechos Humanos evidencia la urgencia de reestructurar los operativos de seguridad urbana para evitar que la vigilancia policiaca colapse las vialidades prioritarias del estado.