Mientras colectivos LGBTIQ+ denuncian tortura institucional contra una mujer trans, miles marchan para defender el derecho al internamiento forzado.
La ciudad fronteriza de Tijuana se ha convertido en el epicentro de una confrontación ideológica y legal tras la difusión del caso de Karime ‘N’. A finales de mayo pasado, miles de personas pertenecientes a sectores conservadores tomaron las calles para manifestarse a favor del internamiento involuntario de personas con adicciones, respaldando abiertamente las operaciones de la organización conocida como “Patrulla Espiritual”. Esta movilización masiva surgió como una contraofensiva ante las múltiples denuncias penales y sociales interpuestas por colectivos de la diversidad sexual, quienes acusan al Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh de cometer abusos sistemáticos contra los derechos humanos.
La controversia escaló de forma crítica el pasado 9 de mayo, fecha en que el grupo religioso difundió en plataformas digitales un video donde se observa cómo sus integrantes interceptan y trasladan por la fuerza a Karime ‘N’ mientras se encontraba en la colonia Durango, en Tijuana. Tras el ingreso obligatorio de la afectada al anexo, más de 150 organizaciones civiles aliadas a la comunidad LGBTIQ+ denunciaron que la víctima sufrió graves humillaciones y maltratos institucionales encaminados a reprimir su identidad. De acuerdo con los reportes oficiales de los colectivos, el personal del centro forzó a Karime ‘N’ a cortarse el cabello y a vestir prendas masculinas, ignorando su derecho a la autodeterminación.
Ante la gravedad de los hechos descritos, los activistas calificaron formalmente estas prácticas como Esfuerzos por Corregir la Identidad de Género y Orientación Sexual (ECOSIG), términos técnicos que definen a las llamadas terapias de conversión. Las agrupaciones han solicitado de manera formal y urgente la intervención directa del gobierno de Baja California, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, para regular y sancionar a este tipo de establecimientos de rehabilitación cristiana que operan al margen de la ley. El debate local se alinea con la legislación mexicana vigente, donde ya suman 22 estados del país que sancionan penalmente estas conductas, sumado a la prohibición de carácter federal aprobada de manera unánime por el Senado de la República el pasado 26 de abril de 2024.
El Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh, apodado “Patrulla Espiritual”, fue denunciado por más de 150 organizaciones LGBTIQ+ por aplicar supuestos métodos ECOSIG.
La víctima, Karime ‘N’, fue privada de su libertad el pasado 9 de mayo en la colonia Durango por integrantes de este grupo.
A nivel nacional, la prohibición de las terapias de conversión ya fue ratificada federalmente por el Senado de la República el 26 de abril de 2024.
La confrontación en la frontera evidencia el vacío legal en la operación de centros de rehabilitación religiosos y la urgencia de aplicar las normativas vigentes contra la tortura psicológica en el país.