Una investigación revela que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas cruzan la frontera mediante un programa de cooperación judicial con la justicia estadounidense, en medio de tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El gobierno de Estados Unidos inició una investigación criminal dirigida contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. De acuerdo con un reporte publicado por el Puente News Collaborative y Los Ángeles Times, ambos mandatarios estatales se encuentran bajo el escrutinio de las agencias de seguridad estadounidenses por supuestos nexos con la delincuencia. La investigación señala que a Durazo, de 71 años y exsecretario de Seguridad Pública federal, se le canceló la visa el año pasado por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que la indagatoria contra Villarreal se concentra en actividades relacionadas con el robo de combustible o huachicol.
A pesar de las restricciones de visado, ambos funcionarios continúan ingresando a territorio estadounidense de manera regular. Fuentes cercanas al caso confirmaron que tanto Durazo como Villarreal se amparan bajo el mecanismo legal conocido como Significant Public Benefit parole. Este programa especial de la administración norteamericana está diseñado para individuos que cooperan con la seguridad pública y permite a ciudadanos extranjeros testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes. Mientras Durazo utiliza estos viajes para recibir atención médica, Villarreal es frecuentemente escoltado por oficiales estadounidenses al cruzar la frontera, un señalamiento que este último calificó como falso.
Este escenario ha recrudecido la tensión diplomática entre ambos países. Durante una reunión efectuada en mayo, el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Markwayne Mullin, notificó a la presidenta Claudia Sheinbaum que el gobierno de Donald Trump espera la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ya enfrenta una acusación formal de un gran jurado en Nueva York. Sheinbaum rechazó la postura estadounidense, afirmando que el destino de Rocha Moya se definirá en México, al tiempo que advirtió que nuevas acusaciones contra líderes electos locales serán catalogadas como una interferencia política directa en los asuntos soberanos del país.
La visa del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue cancelada formalmente el año pasado debido a presuntos nexos con el crimen organizado.
Ambos gobernadores mexicanos ingresan a Estados Unidos bajo el estatus legal de Significant Public Benefit parole, una figura utilizada para testificar o cooperar con la justicia.
Un gran jurado en Nueva York ya emitió una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, derivando en una solicitud de extradición.
El avance de los procesos judiciales en los tribunales estadounidenses coloca a la administración federal mexicana en una posición de confrontación directa ante lo que considera una injerencia política en sus liderazgos estatales.