La decisión administrativa desató la inconformidad de residentes y ambientalistas, quienes se movilizan para defender la zona costera.
La aprobación oficial de un proyecto comercial que contempla la edificación de restaurantes y un club de playa en la zona de Los Cerritos generó una inmediata ola de inconformidad ciudadana. Pobladores, prestadores de servicios y activistas ambientales se organizaron para manifestarse públicamente y exigir a las instancias correspondientes la revocación inmediata de las autorizaciones otorgadas para esta obra.
De acuerdo con las denuncias de la comunidad organizada, la ejecución de este desarrollo en la franja costera de Los Cerritos vulnera la sustentabilidad del entorno y pone en riesgo el libre acceso a la playa. Los manifestantes sostienen que la instalación del club de playa y los establecimientos gastronómicos sobrecargará los servicios locales, afectará la dinámica natural de las dunas y privatizará espacios de uso público tradicionalmente utilizados por surfistas y familias.
El conflicto social escaló tras hacerse pública la emisión de las licencias que respaldan los trabajos en la zona. Las protestas comunitarias buscan frenar el avance de las obras e instar a las autoridades competentes del municipio de La Paz, así como de las demarcaciones vecinas de Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, a implementar marcos normativos más estrictos que frenen la sobreexplotación turística e inmobiliaria en las costas de Baja California Sur.
Frente a la exigencia de revocación manifestada en las calles y en la zona de obra, la comunidad advirtió que continuará con las movilizaciones y recursos legales hasta revertir los permisos. Exigen una mesa de diálogo abierta con los responsables del dictamen para frenar de manera definitiva la edificación del club de playa y los restaurantes en Los Cerritos.
Datos clave:
Autoridades aprobaron un proyecto para la edificación de restaurantes y un club de playa en Los Cerritos.
Residentes, surfistas y ambientalistas se movilizaron en protestas para exigir la revocación de los permisos.
Señalan riesgos de privatización del espacio público, afectación a dunas y saturación de servicios locales.