La gobernadora de Chihuahua desafía el citatorio federal por el caso de la CIA en la Sierra Tarahumara y traslada su defensa jurídica a un mitin político en la capital del país.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la intervención ilegal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el norte de México detonó un abierto enfrentamiento político. Este miércoles 27 de mayo de 2026, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, evadió la orden de comparecer formalmente como testigo en las oficinas de Ciudad Juárez y se trasladó a las oficinas centrales de la corporación en la Ciudad de México para impugnar el requerimiento, catalogándolo como una simulación diseñada para fincarle cargos penales falsos.
Custodiada por la plana mayor del Partido Acción Nacional (PAN), incluyendo al dirigente nacional Jorge Romero y los legisladores Ricardo Anaya y Elías Lixa, la mandataria chihuahuense transformó las inmediaciones del edificio ministerial en un mitin de protesta. El equipo legal de la funcionaria, encabezado por el abogado Roberto Gil, notificó formalmente a la institución dirigida por la fiscal Ernestina Godoy que Campos no se someterá a entrevistas ni interrogatorios personales debido a que cuenta con fuero constitucional en funciones y a que el oficio remitido el pasado sábado carece de la debida fundamentación, fundamentando que las peticiones informativas sobre el operativo de seguridad estatal deben realizarse estrictamente mediante los canales de colaboración institucional.
La atención jurídica del PAN se concentró en blindar a la gobernadora ante la reciente formalización de una denuncia de juicio político por el delito de traición a la patria, promovida tras confirmarse el ingreso clandestino de oficiales estadounidenses en un operativo fronterizo contra un narcolaboratorio efectuado el pasado 18 de abril en la Sierra Tarahumara. De manera simultánea a la movilización en la capital, el exfiscal general de la entidad, César Jáuregui —quien fue removido de su cargo el 27 de abril tras el ocultamiento del percance vial donde murieron dos agentes de la CIA—, sí se presentó a declarar este miércoles ante la delegación de la FGR de Ciudad Juárez, en una diligencia enmarcada por protestas de militantes locales liderados por el dirigente estatal Ulises Pacheco.
El operativo de origen que desató la crisis con las agencias estadounidenses ocurrió el 18 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara.
El equipo legal de Maru Campos entregó un oficio con tres peticiones a la FGR para declarar improcedente cualquier interrogatorio personal en su contra.
El exprocurador local César Jáuregui compareció este miércoles ante la subsede judicial de Ciudad Juárez tras su destitución el 27 de abril.
La negativa a comparecer eleva la fricción entre las administraciones locales de oposición y el gabinete de seguridad federal, trasladando el expediente judicial hacia una inminente batalla constitucional de competencias en las calles.