La organización ambientalista llevó el caso ante la ASEA tras confirmarse que funcionarios ocultaron la contaminación de más de mil 100 kilómetros de litoral.
Greenpeace México presentó una denuncia formal en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) por el derrame de crudo que afecta las costas del Golfo de México. La organización acusó formalmente a la empresa estatal de ocultar información sobre el siniestro y demandó una investigación penal y administrativa específica sobre las acciones y omisiones del exdirector de la petrolera, Víctor Rodríguez.
El desastre ecológico comenzó a registrarse a inicios de marzo en las zonas costeras de Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, extendiéndose con el paso de las semanas hacia los litorales de Tamaulipas. La organización civil argumenta que la mancha de hidrocarburo avanzó sin contención adecuada debido a la deliberada opacidad institucional, dañando gravemente ecosistemas marinos vulnerables como los manglares y poniendo en riesgo la salud de las comunidades costeras de tres estados del país.
La gravedad del caso escaló luego de que la propia administración de Pemex admitiera públicamente que un grupo de servidores públicos escondió de manera sistemática los reportes de contaminación mientras el hidrocarburo avanzaba. La revisión exhaustiva de las bitácoras internas de la paraestatal fue el elemento determinante para identificar a tres trabajadores involucrados, quienes ya fueron separados de sus puestos, un hecho confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. Greenpeace exige ahora que Pemex, Semarnat y Profepa transparenten la totalidad de los datos y ejecuten la remediación integral del daño.
1,100 kilómetros de costas resultaron afectados por la dispersión del combustible derramado en el Golfo de México.
3 empleados de Pemex fueron descubiertos mediante bitácoras internas y separados de sus cargos por ocultar el incidente.
3 estados de la República (Veracruz, Tabasco y Tamaulipas) registran daños directos en playas, municipios costeros y manglares.
El proceso legal impulsado coloca bajo escrutinio la gestión de Víctor Rodríguez, obligando a las agencias reguladoras a definir el nivel de responsabilidad de los altos mandos en la crisis ambiental.