Un operativo vial por presunto estado de ebriedad desata violencia física contra menores de edad en el Parque Intermunicipal y enciende la indignación en redes sociales.
Un presunto operativo de vialidad derivó en un grave caso de abuso de autoridad y violencia física en el estado de Puebla. La tarde del pasado jueves, al menos cinco elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula sometieron de manera violenta a una mujer en la vía pública, extendiendo la agresión física y psicológica hacia sus dos hijos de corta edad, quienes documentaban los hechos con un teléfono celular.
La intervención policiaca ocurrió en las inmediaciones del Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad, la conductora de una camioneta invadió una zona restringida para la circulación vehicular en presunto estado de ebriedad, lo que motivó el despliegue de los uniformados. Sin embargo, la detención escaló a agresiones físicas directas cuando los elementos arrastraron a la mujer ignorando las súplicas de los menores presentes.
Durante el sometimiento, los oficiales jalonearon, amagaron e intimidaron a los niños con el objetivo de obligarlos a interrumpir la grabación del video. Una menor de aproximadamente 12 años de edad, quien sostenía el dispositivo para registrar los hechos, sufrió lesiones físicas producto de los jaloneos de los policías municipales, teniendo que recibir atención médica posterior debido a los fuertes dolores derivados del forcejeo. Las crudas imágenes captadas por los teléfonos provocaron el repudio masivo en plataformas digitales ante la desproporción de la fuerza empleada.
Al menos cinco agentes de la Policía Municipal participaron directamente en el sometimiento violento de la conductora.
Una menor de 12 años de edad requirió atención médica especializada tras ser jaloneada por los elementos policiales.
La agresión física y detención se registraron la tarde del jueves en el perímetro del Parque Intermunicipal.
El argumento de una falta vial queda totalmente rebasado por una respuesta institucional violenta que desprotegió a menores de edad, trasladando el caso al escrutinio público por violación a los derechos humanos.