La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que se mantiene firme el pacto de extradición con Estados Unidos y que la política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió de forma categórica las versiones periodísticas que señalaban un presunto despliegue de las fuerzas armadas para resguardar y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con las autoridades federales, es completamente falso que el mandatario sinaloense se encuentre bajo la protección del Ejército Mexicano o alojado en instalaciones militares para evadir procesos legales.
El pronunciamiento ocurre luego de que medios nacionales difundieran reportes sobre un supuesto operativo federal diseñado para cambiar de ubicación al funcionario. La controversia toma relevancia en el contexto de las recientes investigaciones de las autoridades de Estados Unidos, las cuales han señalado a diversos funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa en indagatorias directamente relacionadas con el narcotráfico.
Durante su conferencia matutina en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que su administración no intercederá por ninguna persona señalada por la justicia penal de los últimos meses, independientemente de su filiación partidista o la relevancia de su cargo público. La mandataria aseguró que el pacto de extradición bilateral con la Unión Americana sigue plenamente vigente y operando de manera regular.
Sheinbaum Pardo cerró el mensaje oficial reiterando que las Fuerzas Armadas no actúan como escudo político de ningún funcionario. “En el Gobierno de México no se protege a nadie”, sostuvo la ejecutiva federal, marcando una postura institucional que busca disipar dudas sobre presuntos pactos de impunidad en la estructura estatal.
El Gabinete de Seguridad calificó de “absolutamente falso” el resguardo de Rocha Moya en cuarteles militares.
México mantiene activo y sin modificaciones el tratado de extradición vigente con las autoridades de Estados Unidos.
Las investigaciones del gobierno estadounidense vinculan a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa con el narcotráfico.
La postura oficial del Gobierno de México ante los señalamientos internacionales deja claro que las alianzas políticas locales no interfieren con los compromisos de justicia y extradición.
