Pese a las acusaciones internacionales que pesan sobre Alberto Jorge Contreras Núñez, diputados locales afirman que el trámite no registra anomalías legales.
El Congreso del Estado de Sinaloa inició la revisión formal de la solicitud de pensión anticipada promovida por Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE). El expediente, que contempla un pago mensual de 67 mil pesos, fue turnado a la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Ambrocio Chávez Chávez, presidente de dicha comisión, confirmó este martes 23 de junio de 2026 que el caso recibirá una inspección rigurosa debido a la controversia pública que rodea al exfuncionario, quien enfrenta señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.
La polémica radica en el contraste entre el perfil del solicitante y el monto requerido, el cual supera el promedio de los retiros económicos otorgados a nivel estatal y nacional. Chávez Chávez puntualizó que los legisladores evaluarán de manera precisa que las cantidades asignadas resulten moderadas. Sin embargo, el diputado aclaró que el trámite fue ingresado formalmente y en tiempo desde el pasado 9 de febrero de 2026, por lo que hasta el momento la documentación cumple de forma estricta con los requisitos normativos ordinarios, tratándose administrativamente como una petición legítima de derechos laborales.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Eligio López Portillo, enfatizó que el Poder Legislativo local no cuenta con notificaciones judiciales ni expedientes enviados por agencias extranjeras que sustenten los cargos delictivos contra Contreras Núñez. Los legisladores locales sostienen que la ley los obliga a dar continuidad a los derechos de los servidores públicos mientras no existan pruebas formales radicadas en la entidad. No obstante, especificaron que existen procedimientos y normativas institucionales listas para activarse en caso de que se presenten de manera oficial evidencias que alteren el estatus legal del exmando policiaco.
La solicitud de pensión fija un monto de 67 mil pesos mensuales y fue tramitada formalmente el 9 de febrero de 2026.
La Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso de Sinaloa ejecutará la revisión detallada del expediente.
El Poder Legislativo local confirmó que no ha recibido documentos ni pruebas oficiales sobre los nexos delictivos imputados por EE. UU.
El dilema ético y legal en el Congreso sinaloense expone la rigidez de los derechos laborales burocráticos frente a los expedientes de seguridad internacional que marcan a exfuncionarios de la Fiscalía.
