Un fallo dividido revoca la suspensión que limitaba las deportaciones rápidas a las zonas fronterizas, permitiendo al gobierno federal ejecutarlas a nivel nacional.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos emitió este martes una resolución que faculta al gobierno del presidente Donald Trump para restablecer y expandir la aplicación de las expulsiones aceleradas de migrantes indocumentados. La orden judicial determina que los procedimientos de deportación exprés podrán implementarse en cualquier punto del territorio estadounidense, eliminando la restricción geográfica previa que confinaba estas acciones exclusivamente a las regiones colindantes con la franja fronteriza.
La determinación jurídica provino de un panel dividido de tres jueces adscritos al Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. Dicho órgano colegiado anuló el fallo dictado por un tribunal de menor jerarquía, el cual mantenía congelada la ampliación de este mecanismo de expulsión masiva. La resolución fue respaldada por el voto de la mayoría de los magistrados integrantes, ambos ratificados en sus cargos bajo la administración del mandatario republicano, frente al voto disidente del tercer juzgador, quien fue propuesto en su momento por el expresidente demócrata Barack Obama.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos reaccionaron de forma inmediata al dictamen legal. Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), argumentó de manera pública que la decisión judicial menoscaba de forma directa las garantías de debido proceso a las que tiene derecho cualquier persona frente a un proceso de deportación del gobierno. En contraste, el juez Justin R. Walker redactó en el dictamen mayoritario que los grupos demandantes fallaron en comprobar que el esquema de expulsión acelerada prive a los afectados de la debida notificación o de la oportunidad procesal para ser escuchados antes de su repatriación.
El fallo emitido por el tribunal de apelaciones extiende la facultad de deportación rápida a todo el territorio de los Estados Unidos.
Dos de los tres magistrados que conformaron el panel de votación fueron designados directamente por el presidente Donald Trump.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) acusó formalmente que el mecanismo aprobado propicia un sistema injusto y propenso a errores.
La reactivación de las expulsiones expeditas consolida la estrategia migratoria de la Casa Blanca, transformando los procesos de control fronterizo en una política de despliegue judicial absoluto en cualquier rincón del país.
