La dirigencia de oposición traslada la batalla legal fuera de México al asegurar que el Poder Judicial local fue “capturado” por el partido oficialista.
La disputa por la responsabilidad histórica de la violencia en territorio mexicano ha roto las fronteras nacionales. Este domingo 7 de junio, el Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una denuncia penal formal en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional en La Haya, señalando de forma directa las consecuencias de su estrategia de seguridad pública. Jorge Romero, presidente de la organización política, fundamentó el recurso internacional bajo el argumento de que la política de “Abrazos, no balazos” hundió al país en una de las crisis de seguridad más agudas registradas en la historia contemporánea.
El equipo jurídico del partido, encabezado por el abogado Roberto Gil Zuarth, estructuró la acusación imputando presuntos crímenes de lesa humanidad derivados de supuestos pactos político-criminales. La oposición justificó la decisión de acudir a un tribunal extranjero afirmando que el Poder Judicial en México ya no ofrece garantías de imparcialidad ni genera confianza tras las elecciones judiciales celebradas el año pasado, las cuales terminaron por subordinar las instituciones de justicia a las directrices de Morena.
El expediente entregado a los magistrados de La Haya afirma que el repliegue del Estado frente a la delincuencia organizada provocó un vacío de poder que debilitó y doblegó a los gobiernos locales. La denuncia panista expone de manera específica supuestas investigaciones que vinculan con estructuras criminales a gobernadores en funciones de Morena, detallando de forma directa los casos de Rubén Rocha en Sinaloa, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán y Américo Villarreal en Tamaulipas.
La defensa del legado del exmandatario ha corrido a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque el giro operativo de la actual administración muestra un distanciamiento táctico respecto al sexenio anterior. Mientras la denuncia internacional avanza en Europa, las fuerzas federales mexicanas han ejecutado un despliegue más confrontativo, acumulando operativos de alto impacto como el combate que resultó en la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y la entrega de 170 perfiles prioritarios a la justicia de Estados Unidos.
Registros oficiales del Inegi documentan que el gobierno de López Obrador concluyó con un saldo de 201,000 personas asesinadas.
El acumulado de homicidios dolosos del sexenio previo superó en un 67% las estadísticas registradas en el periodo de Felipe Calderón.
El PAN sustenta su expediente penal en un registro de más de 150,000 personas desaparecidas y miles de desplazados por violencia.
El traslado del caso mexicano ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional marca un punto de no retorno en la confrontación partidista, forzando a los tribunales de justicia transnacionales a revisar las omisiones y los resultados de las políticas de pacificación en el país.
