Fuentes federales aclaran que las comparecencias son de carácter procesal para entrevistas, desmarcándolas de imputaciones directas inmediatas en territorio mexicano.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó formalmente a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Fuentes federales confirmaron que este requerimiento judicial consiste estrictamente en una serie de entrevistas ministeriales derivadas de un expediente procedimental. El llamado de la autoridad ministerial ocurre semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitiera acusaciones formales contra el bloque de servidores públicos sinaloenses, señalándolos de presuntos vínculos operativos con el crimen organizado.
De acuerdo con los expedientes desclasificados por el Departamento de Justicia estadounidense, los cargos criminales presentados contra el gobernador con licencia y sus colaboradores cercanos contemplan conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y acopio de artefactos explosivos. Los fiscales norteamericanos argumentan que los políticos locales abusaron de sus facultades constitucionales para brindar protección institucional y apoyo logístico a las facciones del Cártel de Sinaloa a cambio de la recepción sistemática de sobornos económicos. Ante este escenario internacional, exfuncionarios de la administración estatal como Gerardo Mérida y presuntamente Enrique Díaz decidieron sustraerse de la obligatoriedad del citatorio y se entregaron de forma voluntaria a las agencias gubernamentales.
Las autoridades del Gobierno Federal enfatizaron que estas diligencias ministeriales en la FGR se ejecutan bajo los protocolos de cooperación y deslinde técnico. Asimismo, aclararon que la comparecencia no constituye una orden de aprehensión ni una imputación delictiva formalizada por la justicia mexicana, sino un mecanismo de recopilación informativa sobre las acusaciones extranjeras que involucran el uso de armamento restringido y dispositivos destructivos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a los políticos sinaloenses de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
El exfuncionario local Gerardo Mérida ya se entregó a las autoridades de manera voluntaria.
Los cargos presentados en el extranjero incluyen la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Los interrogatorios programados por la FGR sitúan a la cúpula política con licencia de Sinaloa en un inédito escenario de fiscalización judicial federal, forzando a las autoridades locales a responder formalmente ante las investigaciones criminales de la Unión Americana.
