La Presidenta califica como una “opinión” los polémicos dichos del gobernador con licencia, pero asegura que no existe una investigación federal directa en su contra.
La relación política entre la Presidencia de la República y el gobierno de Sinaloa ha entrado en una fase de deslinde discursivo. Este miércoles 13 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó abiertamente su rechazo a los planteamientos realizados por Rubén Rocha Moya en 2021, cuando el entonces candidato a la gubernatura sugirió la posibilidad de establecer un “pacto” con grupos del crimen organizado para operar en la entidad.
“Yo no estoy de acuerdo con esa posición que dio en su momento el candidato a gobernador”, sentenció la mandataria. Sin embargo, Sheinbaum fue enfática al separar la retórica de los hechos jurídicos. Ante el cuestionamiento de si estas declaraciones podrían considerarse pruebas de colaboración con el narcotráfico —especialmente tras las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos—, la jefa del Ejecutivo Federal defendió que una opinión en una entrevista es “muy distinta” a la existencia de acuerdos reales, los cuales, en todo caso, corresponderían investigar a la Fiscalía General de la República (FGR).
Sobre la situación legal de Rocha Moya, la presidenta aclaró que su administración no ha iniciado ninguna investigación particular. Recordó que, aunque la FGR determinó que la fiscalía estatal realizó un montaje en el asesinato de Héctor Melesio Cuén —ocurrido el mismo día de la supuesta reunión entre Rocha, Ismael “El Mayo” Zambada y otros actores—, el gobernador con licencia nunca fue citado a declarar. Sheinbaum subrayó la autonomía de la FGR, señalando que el curso de las indagatorias iniciadas en la gestión de Alejandro Gertz Manero compete exclusivamente a dicha institución.
• Claudia Sheinbaum rechazó explícitamente la idea de pactar con el narco planteada por Rocha Moya en 2021.
• La FGR confirmó previamente un montaje en el caso del asesinato de Melesio Cuén en Sinaloa.
• El Gobierno Federal asegura que no existe, hasta hoy, una investigación específica abierta contra Rocha Moya por estos señalamientos.
La postura de la Presidenta busca equilibrar el respaldo institucional con la condena ética a estrategias de seguridad fuera del marco legal, dejando el futuro del gobernador con licencia estrictamente en manos de la autonomía de la Fiscalía.
