Una conversación privada en WhatsApp terminó escalando hasta la justicia electoral mexicana y hoy se encuentra en manos de la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral del país.
El caso enfrenta a Almendra Negrete Sánchez, diputada local con licencia en Sinaloa y actual Secretaria Nacional de Diversidad Sexual de Morena, con María Emma Zermeño López, activista de derechos humanos y funcionaria adscrita a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Más allá de las personas involucradas, el expediente ha abierto una discusión jurídica más amplia: ¿pueden las conversaciones privadas entre ciudadanos ser objeto de sanción en la justicia electoral?
El origen del caso: conversaciones privadas (2024–2025)
De acuerdo con la cronología del caso, durante 2024 y 2025 María Emma Zermeño sostuvo conversaciones privadas con un amigo a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Los intercambios se realizaron en un contexto informal y de confianza, propio de una conversación personal entre particulares.
Tiempo después, esa persona comenzó a colaborar laboralmente con la diputada con licencia Almendra Negrete y habría entregado capturas de pantalla de esas conversaciones, lo que derivó en la presentación de una denuncia por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.
Primera etapa: Tribunal Electoral de Sinaloa
El caso fue turnado inicialmente al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. En una primera resolución, el tribunal local determinó que no era posible analizar el contenido de un chat privado, al considerar que las conversaciones personales se encuentran protegidas por el principio de inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Bajo ese criterio, el tribunal estimó que el asunto no debía analizarse en el fondo dentro del procedimiento electoral.
Revisión federal: intervención de la Sala Regional Guadalajara
La resolución fue posteriormente impugnada y el expediente llegó a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la sentencia correspondiente al expediente SG-JDC-17/2026, la Sala Regional revisó el caso y adoptó un criterio distinto.
El 26 de febrero de 2026, dicha instancia resolvió revocar la decisión del tribunal local y determinó que sí se configuraba violencia política contra las mujeres en razón de género, ordenando modificar el criterio adoptado previamente.
Esta resolución marcó un punto de inflexión en el caso, al establecer que el contenido de las conversaciones podía ser analizado dentro del ámbito de la justicia electoral.
La impugnación: el caso llega a la Sala Superior
Tras esa resolución, la defensa de Emma Zermeño promovió un nuevo recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia máxima en la materia.
El 3 de marzo de 2026 fue presentado formalmente un recurso de reconsideración, mediante el cual se solicita que el máximo tribunal electoral revise la decisión de la Sala Regional Guadalajara.
En esta impugnación se plantean, entre otros argumentos, que:
el caso no corresponde a la competencia de la justicia electoral, se vulnera el derecho a la privacidad de las comunicaciones, y se afecta la libertad de expresión en conversaciones privadas.
Un precedente en discusión
El expediente ha generado interés entre especialistas en derecho constitucional y electoral debido al posible alcance de la resolución final.
Si se mantiene el criterio adoptado por la Sala Regional Guadalajara, el caso podría convertirse en uno de los primeros precedentes en la justicia electoral mexicana en los que se sanciona a una ciudadana por expresiones emitidas en conversaciones privadas.
Esto abre interrogantes relevantes sobre el equilibrio entre distintos derechos y principios.
La protección contra la violencia política de género, el derecho a la privacidad de las comunicaciones, y la libertad de expresión en el ámbito personal.
Lo que sigue en el proceso
Con el recurso de reconsideración ya presentado, corresponderá ahora a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizar el caso y emitir una resolución definitiva.
La decisión que adopte el máximo tribunal electoral no solo resolverá el conflicto entre las partes involucradas, sino que también podría establecer criterios relevantes sobre los límites de la intervención institucional en conversaciones privadas en el contexto de la vida política.
Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre el alcance de las herramientas legales diseñadas para proteger la participación política de las mujeres y la forma en que estas se aplican cuando las expresiones se producen fuera del espacio público.
