La dirigencia estatal del PAN en Sinaloa encendió las alertas ante la reforma electoral anunciada por Morena, al considerar que representa un riesgo directo para la democracia mexicana y para la autonomía de las instituciones.
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, advirtió que la propuesta busca concentrar el poder político, debilitar los contrapesos y someter al árbitro electoral a los intereses del gobierno en turno.
Desde Acción Nacional, dijo, existe un compromiso firme con la defensa de la democracia, las instituciones y las libertades ciudadanas. “No podemos quedarnos callados frente a un intento más de cambiar las reglas del juego para favorecer a un solo partido”, sostuvo.
Barajas Cortés cuestionó la intención de transformar al INE, reducir el financiamiento público y eliminar la representación proporcional, al considerar que estas medidas no fortalecen la vida democrática, sino que forman parte de una ruta autoritaria.
La dirigente panista señaló que este intento de reforma no es un hecho aislado, sino parte de una serie de decisiones que han debilitado al país: la desaparición de órganos autónomos, la eliminación de mecanismos de transparencia, la militarización de la seguridad pública y los ataques a la libertad de expresión.
Advirtió además sobre el riesgo de repetir escenarios internacionales donde la captura de las instituciones electorales anuló la voluntad ciudadana. “Cuando un solo grupo controla las instituciones, la democracia deja de serlo”, enfatizó.
En el contexto local, subrayó que la falta de contrapesos ya tiene consecuencias visibles, especialmente en materia de seguridad en Sinaloa. “Defender al INE también es defender la legalidad, la paz y el futuro del estado”, afirmó.
Finalmente, Wendy Barajas aclaró que el PAN sí está a favor de una reforma electoral, pero una que fortalezca la democracia, con propuestas como la segunda vuelta presidencial, la nulidad de elecciones con intervención del crimen organizado, voto electrónico, eliminación de la sobrerrepresentación y mayor fiscalización.
“El financiamiento público no debe desaparecer, porque eso abriría la puerta al dinero ilegal. La solución es más vigilancia, no menos democracia”, concluyó.
