Elementa DDHH presentó un amparo ante un juzgado de Mexicali contra la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda.
La organización no gubernamental Elementa DDHH interpuso una demanda de amparo en contra de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debido a la inoperancia y falta de actualización de la plataforma del Registro de Fosas Clandestinas. El recurso legal fue presentado por la representante legal de la asociación civil, Renata Demichelis Ávila, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali.
La acción judicial reclama a la Segob y a la CNB —cuya sede central se ubica en la Ciudad de México—, así como a otras dependencias federales, la omisión en la emisión de lineamientos técnicos indispensables para coordinar, integrar y mantener al día el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas. Ante el recurso planteado, el juez de la causa fijó un plazo de cinco días hábiles para que la parte promovente precise los hechos y abstenciones que sustentan los actos reclamados antes de proceder a la admisión formal de la demanda.
Representantes de colectivos y organismos de búsqueda exigen la puesta en marcha de un registro único que opere de forma dinámica y georreferenciada para hacer frente a la crisis forense nacional. Ante las deficiencias institucionales en la difusión e identificación oficial de restos exhumados en sitios de inhumación ilegal, diversas organizaciones civiles han impulsado la creación de la Plataforma Ciudadana de Fosas con el objetivo de subsanar las disparidades de la información pública respecto a este fenómeno vinculado a la delincuencia organizada.
Entre 2006 y 2024 se documentó el hallazgo de al menos 3,298 fosas clandestinas y la exhumación de más de 8,031 cuerpos en México.
Cinco estados concentran los registros más altos de fosas: Guerrero (415), Veracruz (397), Sonora (342), Guanajuato (275) y Jalisco (245).
El juzgador otorgó un plazo de cinco días hábiles para precisar los detalles del amparo interpuesto en Mexicali.
El avance del proceso en el Juzgado Primero de Distrito determinará si las autoridades federales son obligadas a reestructurar los mecanismos oficiales de información.
