En enero de 2026, los líderes talibanes en Afganistán aprobaron un nuevo Código Penal y Código de Procedimiento Penal que ha generado una fuerte condena internacional por su impacto sobre los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas.
Según organizaciones de derechos humanos y medios internacionales, este marco legal elimina protecciones básicas contra la violencia intrafamiliar, permitiendo que actos de agresión física dentro del hogar queden prácticamente impunes, siempre que no dejen “huesos rotos o heridas abiertas”. En la práctica, esto significa que la violencia doméstica puede no ser perseguida legalmente salvo que la víctima pueda demostrar lesiones visibles en un sistema judicial al que tiene acceso restringido.
Entre las disposiciones más criticadas:
El Artículo 32 del código establece que si un esposo golpea a su esposa y provoca lesiones que puedan probarse en juicio, la pena máxima es de solo 15 días de prisión, una sanción vista como trivial frente a la seriedad del delito.
La ley elimina la protección efectiva de la violencia intrafamiliar, desmantelando normas previas como la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer que existía bajo gobiernos anteriores.
Casos de violencia contra mujeres o niños que no generan lesiones visibles quedan fuera de la acción penal, lo que podría legitimar abusos físicos como “castigo correctivo” en el ámbito familiar.
Además, el nuevo código impone restricciones adicionales a la libertad de las mujeres, como la criminalización de una mujer por salir de su hogar sin el permiso explícito de su esposo, y crea una estructura de sanciones más severa para conductas como peleas de animales que para la violencia doméstica contra mujeres.
Organizaciones de derech
os humanos advierten que estas medidas no solo normalizan la violencia de género, sino que institucionalizan la discriminación y la impunidad, profundizando la crisis de derechos humanos en el país.
Reacción internacional: grupos feministas, defensores de derechos humanos y agencias de la ONU han condenado el nuevo código y exigido su revisión inmediata, señalando que contraviene normas internacionales sobre igualdad y protección contra la violencia de género.
