El posicionamiento fue encabezado por Elías Flores Gallegos, presidente del organismo, quien calificó la situación como “anómala” y ejemplo de un uso indebido y abusivo de recursos públicos destinados a la seguridad.
De acuerdo con el dirigente, no existe un estudio de riesgo, justificación formal ni protocolo que respalde la asignación permanente de un policía municipal al legislador desde 2009.
Actualmente, Molina García preside la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y cursa su tercer periodo como diputado por Morena. Anteriormente ocupó una curul bajo las siglas del PAN y posteriormente por Movimiento Ciudadano, tras su renuncia a ese partido.
El Consejo sostuvo que la ciudadanía no tiene por qué asumir el costo de escoltas para legisladores locales, especialmente en un contexto donde la demanda de seguridad pública es prioritaria.
La petición dirigida a la alcaldesa es que el agente sea retirado de inmediato y reincorporado a labores operativas, al considerar que el combate a la delincuencia debe prevalecer sobre la protección personalizada de funcionarios sin justificación acreditada.
Flores Gallegos también hizo referencia al caso de la diputada Alejandra Ang, quien fue detenida en el puerto fronterizo de Calexico en posesión de 800 mil pesos, y que —según los abogados— también contaría con servicio de escolta.
Además, advirtió que los policías municipales no necesariamente cuentan con la capacitación especializada para brindar protección a figuras públicas, lo que podría representar un riesgo tanto para los propios elementos como para los funcionarios a quienes resguardan.
El tema abre nuevamente el debate sobre la asignación de recursos públicos para seguridad personal de representantes populares y la necesidad de establecer criterios claros, transparentes y sujetos a evaluación periódica.
