La confrontación política en Campeche escaló a un nuevo nivel. La gobernadora Layda Sansores no solo mantiene frentes abiertos con policías, ciudadanos, periodistas y el sector académico, sino que ahora enfrenta una ruptura interna con su propio partido en el Congreso local, configurando un escenario que analistas ya describen como una crisis de ingobernabilidad.
El conflicto más reciente se detonó por el endeudamiento de mil millones de pesos impulsado por el Ejecutivo estatal y aprobado en diciembre pasado dentro del presupuesto, pero con candados financieros impuestos por los diputados para controlar su ejercicio. Esa decisión marcó el quiebre.
El choque con el Congreso
El presidente del Congreso de Campeche, el diputado morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, expresó públicamente que la deuda debía revisarse a fondo y que existían alternativas para evitar comprometer las finanzas del estado. La postura fue interpretada por la gobernadora como un desafío directo.
La tensión escaló este fin de semana, cuando tras la instalación del periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado. Versiones internas señalaron que el operativo tenía como objetivo al propio presidente del Congreso, lo que encendió alertas por una posible represalia política.
A la confrontación se sumó el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, quien acusó públicamente a Jiménez Gutiérrez de traición y de provocar la división interna de la bancada.
Morena ya no controla el Congreso
Hoy, de los 16 diputados de Morena, solo seis respaldan abiertamente al gobierno estatal. Si a estos se suman los legisladores de Movimiento Ciudadano (10), PRI (3) y PAN (2), se configura una mayoría calificada de dos terceras partes, suficiente para reformar la Constitución local y aprobar leyes sin el aval del Ejecutivo.
Ese nuevo equilibrio se reflejó en la reciente aprobación de una reforma constitucional para restablecer el fuero legislativo, decisión que la gobernadora intentó frenar utilizando como presión política a siete alcaldes —cuatro de Morena, dos del PT y uno del PVEM—, a quienes lanzó públicamente contra los diputados.
El antecedente: persecución y uso del poder
Para analistas y actores políticos, lo ocurrido en el Congreso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón. En Campeche, señalan, se ha normalizado el uso del poder para confrontar y perseguir adversarios.
Ese patrón ya se había manifestado en los enfrentamientos con policías inconformes, ciudadanos críticos, periodistas y, de manera particular, con el sector universitario, donde el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche se convirtió en uno de los episodios más visibles de tensión entre el gobierno estatal y las instituciones académicas. Carpetas de investigación, señalamientos públicos y presión política han marcado ese conflicto.
Opacidad y desgaste
La diputada federal priista Ariana del Rocío Rejón resume el momento que vive la entidad:
“Lo que se está viviendo no solo en el Congreso de Campeche, sino en todo el estado, es una crisis político-económica. Hemos visto cómo el poder se usa para perseguir, para venganzas políticas; te inventan carpetas y van contra rectores”.
Rejón advierte además una falta de claridad en el manejo de los recursos públicos.
“Hay mucha opacidad y no hay rendición de cuentas sobre cómo se ejerce el gasto. Endeudarse sin un proyecto claro es irresponsable. Tras casi cinco años de gobierno no vemos infraestructura, pero sí una recesión económica y la pérdida del estatus petrolero del estado”.
Un gobierno aislado
Con un Congreso fracturado, aliados convertidos en opositores y una creciente percepción de uso faccioso de las instituciones, Campeche enfrenta hoy un escenario inédito: un gobierno estatal políticamente aislado, con cada vez menos margen de maniobra y con señales claras de desgaste institucional.
Más allá del choque interno en Morena, lo que está en juego es la gobernabilidad de un estado que parece entrar a su último tramo de sexenio en medio de confrontaciones, desconfianza y falta de consensos.